El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) se encuentra en una encrucijada debido a la vacante de un puesto crucial en su Directorio.

El cargo en cuestión es el de vocal, y su titularidad quedó vacante cuando Roberto Ferrero asumió como vicepresidente del organismo en junio de 2022. Si bien el procedimiento para cubrir esta vacante debe llevarse a cabo mediante un concurso y la propuesta de un candidato por parte del Poder Ejecutivo, hasta la fecha, no se ha lanzado ningún proceso oficial.

El proceso de selección de un nuevo vocal implica la convocatoria a concurso, la formación de un Tribunal Evaluador que elabore una terna de candidatos, la elección por parte del Gobernador y la posterior obtención del acuerdo por parte de la Cámara de Diputados para la designación definitiva. Aunque el plazo para cubrir la vacante es de tres meses, el mandato del futuro vocal deberá comenzar en diciembre, fecha en la que finalizaba el período de Ferrero.

La gestión de este proceso recae en el Ministerio de Obras, aunque aún no se ha tomado una decisión sobre si se lanzará el concurso durante la administración actual o si se llevará a cabo bajo la próxima administración. La falta de definición en este asunto puede generar incertidumbre en el funcionamiento del EPRE, ya que el vocal es un puesto clave dentro del Directorio, el órgano encargado de tomar decisiones relativas a la dirección y administración del ente.

El vocal del EPRE tiene la autoridad para avalar una variedad de resoluciones, incluyendo aquellas relacionadas con aumentos de tarifas, licitaciones, adquisiciones, multas a la empresa distribuidora Energía San Juan, y cuestiones internas del organismo. Además, se requiere que el titular del cargo posea conocimientos técnicos en ingeniería eléctrica. El salario del vocal equivale al 90 por ciento de la remuneración de un ministro del Poder Ejecutivo.

La demora en la designación de un nuevo vocal podría tener implicaciones importantes en la toma de decisiones y la gobernanza del EPRE. Se espera que las autoridades competentes tomen medidas para garantizar la continuidad y eficacia en la gestión del ente regulador en un momento en el que la energía eléctrica es un recurso crítico para la comunidad.

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