En septiembre del 2022, los tribunales federales de Rosario fueron el blanco de un atentado narco. Un hombre de 36 años atacó a tiros la garita de seguridad de la entrada y se fugó a pie. A un año del hecho, el fiscal que lleva adelante la investigación dio por cerrada la etapa de recolección de pruebas y pidió la elevación a juicio contra Guillermo Sebastián Camarasa, alias “Perrito”.
Este criminal, que tiene en su haber un historial delictivo y conexiones con bandas de narcotraficantes, fue acusado de ser el autor de los delitos de intimidación pública, amenazas agravadas y portación ilegal de arma de guerra.
Según la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, a cargo de Javier Arzubi Calvo, Camarasa realizó dos disparos con una 9 mm que dieron contra el vidrio de la garita de custodia de la Prefectura Naval (PNA) que está en el interior del predio donde funcionan juzgados, tribunales orales y fiscalías federales de Rosario.
Tras el atentado, se inició una investigación que contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad, las cuales captaron a Camarasa deambulando por esa zona en la madrugada del 28 de septiembre de 2022.
Tal como surge del requerimiento al que accedió TN, el imputado fue caminando desde su domicilio hacia la sede judicial. Después del ataque a tiros, volvió a pie y se refugió en su vivienda, sin contar con que lo estaban vigilando.
De esta forma, la fiscalía pudo determinar que el imputado vivía en una casa de la calle San Lorenzo al 2200, a escasos metros del edificio que resultó blanco del ataque. En ese trayecto se comprobó que “perrito” recorrió “de manera apresurada” los 600 metros de distancia entre un lugar y el otro, en tan solo seis minutos.
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También se lo vio días después arrojando a un contenedor de residuos un par de zapatillas, un blíster de tarjeta SIM y papeles con anotaciones, material que fue resguardado por el personal de la Unidad de Investigación Antiterrorista para llevar al juicio.
Para el fiscal, este hecho fue un acto de intimidación de bandas narcos hacia el Poder Judicial. “Constituye una práctica ilícita que ha tenido creciente visibilidad en la ciudad de Rosario, utilizada en los últimos años por las organizaciones narcocriminales para infundir temor a las autoridades públicas de los distintos poderes del Estado”, expresó Arzubi.
“El hecho objeto de la presente causa no me permite descartar que el móvil de Camarasa haya sido el de infundir temor en las autoridades del Poder Judicial de la Nación”, añadió.
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Conexiones con “pesos pesados” y bandas narco
“Perrito”, como lo apodaron en el barrio, era estudiante de gerencia en gastronomía en la escuela “Gato Dumas”, y trabajaba en un local de comidas en Rosario.
Con el correr de la investigación, la fiscalía pudo comprobar que Camarasa usaba una gran cantidad de celulares con los que hablaba con presos en Chubut. Se sospecha que esas conversaciones no eran con personas condenadas por robos menores, sino con grandes criminales ligados a bandas narcos.
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