El colombiano que apuñaló a una embarazada, cuando intentaba violarla, fue condenado a 11 años de prisión por el delito de femicidio en grado de tentativa. Se trata de Leonel Fabián Galviz Ardila, el extranjero que reconoció la agresión y que, a través de su defensa, llegó a un acuerdo de pena con la fiscalía.
Representado por la defensora oficial Mariela Ordoñez, ayudante de la Defensoría N°11 a cargo de Martín García, el imputado que atacó con un cuchillo a la sanjuanina que se encontraba en el proceso de gestación admitió la culpa y por eso aceptó, en el marco de un juicio abreviado, el castigo que acordó con la fiscal del CAVIG Claudia Ruíz, el cual fue homologado por el juez de Garantías, Gerardo Javier Fernández Caussi.
El hecho ocurrió el 24 de marzo, cuando el sujeto que podrá ser deportado una vez que cumpla la mitad de la pena encerrado en el Penal de Chimbas le propinó varios puntazos a la joven madre de Santa Lucía, con 6 meses de embarazo. La sanjuanina le había abierto las puertas de su casa para ofrecerle resguardo y él se aprovechó de su solidaridad.
Acorde destacó el Ministerio Público durante el relato de la teoría del caso, Galviz Ardila intentó abusar de la dueña de casa y, como ella se negó, la agredió con el arma blanca provocándole una grave herida. Afortunadamente, la mujer sobrevivió al ataque -al igual que su bebé- y el agresor, que permaneció un día entero escapando de las autoridades, fue atrapado y quedó a disposición de la Justicia.
Este viernes al mediodía se celebró el juicio abreviado y, con la presencia de la víctima en la sala, la parte querellante, encarnada por las abogadas Vanesa De Dax y Silvia García Gutiérrez, se opuso al acuerdo y apuntó fuerte contra el Ministerio Público. «Se basaron para el rechazo de la oposición en un rigorismo absoluto de normas procesales mal interpretadas, en contraposición a las garantías y derechos constitucional y en las convenciones internacionales reconocidos a la víctima», sostuvo De Dax, la letrada que asistió a su colega.
Al mismo tiempo, manifestó: «No fallaron con perspectiva de género, sacaron hechos gravísimos que no fueron objeto de investigación, cerrando la investigación con una calificación penal desajustada a las pruebas y hechos acaecidos y sufridos por las víctimas ese fatídico día». Además, expresó: «Con este atroz acuerdo se permite al asesino confeso en cinco años ser libre por aplicación de la ley migratoria al ser expulsado de la Argentina. Aberrante situación. Las víctimas revictimizadas por la violencia institucional del sistema contra ellas, y el Ministerio Público, en vez de respetar la ley, victimiza al agresor».
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