Gasto fiscal, salarios, dólar y emisión: ¿Alcanza con el «plan de shock» de Milei para bajar la inflación?

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Gasto fiscal, salarios, dólar y emisión: ¿Alcanza con el "plan de shock" de Milei para bajar la inflación?

La inflación es uno de los principales males que aqueja a los argentinos y a las argentinas. Tras un gobierno de Alberto Fernández con un Índice de Precios al Consumidor del 931% acumulado durante su mandato, el gobierno de Javier Milei llegó a la Casa Rosada con la promesa de bajarlo "de un hondazo". Sin embargo, los números de diciembre (25,5%) y de enero (20,6%) fueron muy altos y desde el gabinete libertario ya adelantaron que este panorama se mantendría así hasta, por lo menos, abril.

En este marco, un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales 'Scalabrini Ortíz' (CESO) puso el foco en si, efectivamente, el "plan de shock" aplicado por La Libertad Avanza es suficiente para derrotar al alza de precios o si, por el contrario, no ataca la raíz del problema, al mismo tiempo que deja a los trabajadores, los jubilados, las infancias y la población en su conjunto sin las herramientas para hacerle frente.

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Enfoque fiscal, salarial, cambiario y monetario: los pilares de Milei para buscar una disminución de la inflación

Según el trabajo de la entidad, el programa económico se apoya en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, se destaca un enfoque fiscal que, durante enero, implicó un recorte en términos reales del 40% en los gastos primarios, con un ajuste principalmente dirigido, a diferencia de lo mencionado en campaña, a las transferencias a las provincias y a los ingresos a los jubilados y empleados del sector público.

Para ser específicos, y según el titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadín Argañaraz, los haberes jubilatorios aportaron el 33% del ajuste. Por su parte, los subsidios energéticos lo hicieron en un 14%, la inversión real directa, como la obra pública, en un 12%, las transferencias a provincias, en un mismo número, y los salarios públicos en un 11%.

En el caso de las personas mayores, la "licuadora", generada a partir de la falta de actualización de los montos que perciben los jubilados y pensionados de forma mensual, y que en el primer mes del año se planchó en $105 mil, implicó una brusca caída de su poder adquisitivo, ya que con los mismos pesos pudieron comprar una menor cantidad de bienes y servicios en medio de un marco inflacionario más que adverso y que golpea, principalmente, a los sectores más vulnerables.

En segundo lugar, se llevó adelante un ajuste salarial, especialmente en el sector público. Esto último es importante ya"que, por un lado, contribuye al éxito del ancla fiscal, y por otro intenta actuar como disciplinamiento para los trabajadores del sector privado", indicó el escrito, teniendo en consideración que, mas allá de los avances en las negociaciones paritarias en ciertos sectores, hay otros en donde, a merced de las cámaras empresariales, los aumentos han estado por debajo del IPC o, directamente, no se ha llevado adelante incremento alguno, congelando los ingresos, en estos casos, desde diciembre del año recientemente finalizado, simbolizando esto un duro estacazo a los bolsillos.

Según CESO, "estos dos pilares buscan reducir la emisión monetaria y provocar una recesión para controlar la demanda", que se puede traducir, en otras palabras, en la búsqueda de una disminución a partir una caída del consumo, con un fuerte declive en el último bimestre, tal y como lo demuestran las cifras recientes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con una baja abrupta del 27% en el índice que registra las ventas minoristas, con los alimentos y los medicamentos como los principales rubros afectados.

En tercer lugar, por su parte, se encuentra un ancla cambiaria. Tras una devaluación inicial del 118% en las primeras horas de gobierno, el Gobierno adoptó una estrategia de micro devaluaciones diarias, también denominadas como crawling peg, del orden del 2%. Sin embargo, la misma, según el Centro, "no parece sostenible", ya que, considerando el objetivo de mantener estable los precios, "en cuanto se acelere el ritmo o se opte por un nuevo salto cambiario, veremos un nuevo salto" inflacionario.

"En la medida que se acerquen los meses donde se liquida la cosecha gruesa, y el tipo de cambio actual vaya perdiendo frente a la inflación, aparecerán las presiones de los distintos grupos exportadores para una nueva devaluación. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya se adelantó y sugirió acelerar el crawling peg del 2% al 8% mensual", advirtió.

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Mientras que, por último, se destaca una estrategia monetaria-financiera "poco convencional", según catalogó CESO, a partir de la "la implementación de una tasa de interés que se encuentra sustancialmente por debajo de la inflación", actualmente en orden del 9% mensual, y "la licuación del stock de pesos de la economía".

"De nuevo, pensando que esta reducción de la base monetaria contribuirá a disminuir la inflación presente y futura", resaltó, una teoría que buscó contradecir al remarcar que "en un escenario como el actual, el factor inercial resulta un componente clave y si no se lo combate difícilmente la inflación pueda ceder sostenidamente", haciendo énfasis en que "ninguna de las anclas mencionadas parece atender este problema".

"En un régimen de alta inflación, cualquier shock de precios en variables clave (como una suba brusca del dólar o las tarifas) acelera la inflación no sólo en el presente, sino también hacia adelante ya que la misma es perpetuada por los componentes inerciales (indexación de contratos y expectativas)", argumentó.

En este sentido, el informe hace énfasis en los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, como los de energía eléctrica, cuyos esquemas ya fueron publicados y, por ende, "estos aumentos impactarán fuertemente en la inflación de los próximos meses". Los mismos, según remarcó CESO, "van desde el 71% al 190% en el caso del cargo variable, y hasta 310% en los cargos fijos". "Además, la audiencia pública realizada la semana pasada anticipa una quita de subsidios que implicaría un 1% del PBI que deberán afrontar hogares y comercios", agregó.

Todo esto tendrá, efectivamente, su impacto en los precios a partir de un aumento en los costos de la elaboración de los bienes o el desarrollo de servicios. Según el presidente de la asociación Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, el incremento para los comercios sería del orden del 30%. “En la factura de enero hubo un incremento de 40% en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), dispuesto por Cammesa. A eso hay que sumarle aumentos en febrero y abril, que acumularán un 314% para la industria; lo que significará un 30% de aumento en góndola”, argumentó.

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¿La dolarización es el único camino para bajar la inflación?

En base a este panorama adverso, y de cara al futuro, CESO abordó dos variables posibles: la continuación del ajuste sumando una nueva devaluación que les permita seguir acumulando reservas, sosteniendo una inflación elevada y apelando a la "tolerancia" de una sociedad ya bastante castigada por la pérdida de poder adquisitivo, o encarar, tal y como expresó en reiteradas oportunidades en Presidente de la Nación, la dolarización de la economía.

Sin embargo, este tema también tiene sus aristas y, por supuesto, complejidades. "En el horizonte cercano aparecen más incógnitas que certezas. Lo cierto es que si el gobierno actual decide encarar una dolarización plena (convertir todos los billetes y depósitos en pesos por dólares), debería contar con una cantidad de reservas disponibles que hoy decididamente no cuenta; o bien aplicar un fuerte salto cambiario previo", sostuvo el escrito.

Las alternativas que aparecen, entonces, son "encarar una dolarización precaria" utilizando "parte de las reservas que corresponden a depósitos del sector privado en los bancos, aún bajo una hipótesis de insolvencia en caso que China solicite la no renovación del swap", en un escenario en el que, según expresó el propio Milei, "sólo alcanzaría con poder cubrir los billetes y monedas en circulación" al tipo de cambio paralelo, una cifra cercana a los U$S7.000 millones, "o bien implementar un régimen de 'competencia de monedas'”, tal y como adelantó el presidente en recientes entrevistas o como mencionó en su blog uno de sus mentores, Domingo Cavallo, en los últimos días.

Esto daría lugar a una previa unificación cambiaria y el fin del cepo, algo que anticipó en la reciente apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

Sin embargo, según Centro de Estudios Económicos y Sociales 'Scalabrini Ortíz' "ninguna de las dos alternativas está exenta de problemas" ya que "la liberación de las restricciones cambiarias" necesarias para implementar alguna de los dos marcos teóricos "seguramente implique una nueva devaluación dando lugar a un nuevo salto de precios", por lo que la inflación no bajaría; todo lo contrario, subiría aún más.

LR