En medio de la crisis narco, Mariano Cúneo Libarona puso en marcha el sistema acusatorio en Rosario que les da más poder a los fiscales
En medio de la crisis narco, Mariano Cúneo Libarona puso en marcha el sistema acusatorio en Rosario que les da más poder a los fiscales
En medio de la violenta disputa de territorio que las organizaciones narcocriminales mantienen en Rosario, el ministerio de Justicia que dirige Mariano Cúneo Libarona tomó una decisión que tensa aún más la relación con el Ministerio Público Fiscal y sectores del Poder Judicial. El Gobierno firmó este jueves la resolución para la inmediata implementación en esa ciudad del nuevo Código Procesal Penal, es decir, la puesta en vigencia del sistema acusatorio que busca imprimir mayor celeridad a las investigaciones complejas.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei le quitó al Congreso una tarea clave y la dejó en manos del ministro de Justicia. Se decidió que el Código Procesal Penal no se seguirá poniendo en marcha a través de la Comisión Bicameral de Implementación creada para tal fin, sino que será tarea de la cartera que dirige Cúneo Libarona.
Esa decisión concuerda con uno de los primeros objetivos que se planteó el abogado penalista al asumir frente al Ministerio de Justicia: que el sistema acusatorio se aplique en simultáneo en todo el país. El gobierno de Mauricio Macri, que había comenzado con esta tarea, realizó un plan de implementación por tramos y que comenzó en Salta y Jujuy, que son las únicas dos provincias que cuentan con este sistema.
El sistema acusatorio pone al frente del procesos de investigación en causas federales a los fiscales. En el presente, los jueces dirigen el proceso y toman las decisiones. La oralidad en todo el transcurso del caso es otra de las particularidades del nuevo sistema, pero siempre será el juez el garante del proceso.
Ahora, en medio del conflicto de seguridad que vive la ciudad de Rosario, el Ministerio de Justicia impulsó un cambio inmediato en el sistema judicial vigente en materia de delitos federales en la ciudad santafesina.
“Se busca la persecución penal para el crimen organizado y en especial el narcotráfico”, comunicó la cartera que dirige Cúneo Libarona. Asimismo dijo que brindarán “el máximo apoyo a jueces y fiscales para que puedan llevar a cabo sus investigaciones y que las causas de narcotráfico sean rápidamente elevadas a juicio”.
Tal como sostiene el sistema acusatorio, es el Ministerio Público Fiscal el que debe hacerse cargo de investigaciones más complejas.
Pero la primera resistencia a la implementación inmediata del nuevo sistema proviene justamente de la Procuración General de la Nación, de donde dependen todos los fiscales.
Resistencia en la justicia
La falta de recursos edilicios, humanos y económicos son uno de los aspectos centrales de la discusión: “se necesitan fondos para adaptar edificios y contar con más personal, si no es imposible avanzar” repiten fuentes de la procuración. Cúneo Libarona insiste en que con los recursos existentes el cambio es viable.
En la resolución a la que accedió Clarín, el ministro de Justicia señala que la reforma procesal penal instituida “supone un avance significativo en el enjuiciamiento penal, pues incorpora definitivamente el sistema acusatorio, orientado según los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización”.
Con la implementación del acusatorio, se promueve una estrategia proactiva de persecución penal, “que permita castigar a los responsables de los graves crímenes que forman parte de la competencia de la justicia federal”. En particular, la regulación provee a los fiscales herramientas eficientes para llevar a cabo investigaciones complejas que puedan impactar en la criminalidad organizada.
El gobierno nacional sustenta la decisión en las siguientes cifras: Cerca del 70 % de los más de 500 homicidios cometidos en Rosario y su área metropolitana durante los años 2022 y 2023 se relacionan directa o indirectamente con el accionar de organizaciones criminales, cuyo desmantelamiento concierne de modo prioritario al fuero federal.
Lo que remarca la Procuración General de la Nación es que la mayoría de los líderes de esas organizaciones ya se encuentran detenidos en penitenciarios federales e incluso, muchos de ellos, cumpliendo condenas a prisión perpetua.
Pero las acciones delictivas se continuaron realizando dentro del ámbito carcelario, una jurisdicción que compete al Poder Ejecutivo a través del ministerio de Seguridad en esta gestión. Hasta diciembre, el Servicio Penitenciario Federal estaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Ante este complejo escenario, el Ministerio de Justicia se refiere a una “situación de emergencia imperante” que “exige adoptar medidas urgentes, capaces de incrementar el protagonismo del Estado Nacional en relación con un fenómeno que representa una seria amenaza para la seguridad pública y el orden institucional”.
Un cambio estructural sin recursos
En respuesta a ese argumento, ordenan la implementación del sistema acusatorio. El planteo dentro del Ministerio Público Fiscal sigue siendo el mismo: sin recursos es difícil llevar adelante esta modificación del sistema de justicia.
A lo cual se suma otro dato: los cargos vacantes en juzgados, tribunales y fiscalías. En Rosario, algunas fiscalías están siendo subrogadas. “Sin el personal necesario, en un sistema donde los fiscales tendrán más preponderancia, no hay sistema que sea exitoso”, reiteró una fuente judicial a Clarín.
Hace cinco meses se puso en marcha la Ley de Fortalecimiento que creó 27 nuevas fiscalías. “Todas están siendo cubiertas por el esfuerzo del mismo personal, con subrogancias. Los fiscales tienen más de un cargo bajo su responsabilidad”, indicó una fuente de la Procuración General.
El sistema acusatorio pone la carga de la investigación en la cabeza del Ministerio Público Fiscal y da a los fiscales herramientas eficientes para llevar a cabo investigaciones complejas contra la criminalidad organizada.
Bajo esa premisa, fuentes judiciales indicaron a Clarín que “este sistema entraría en vigencia el próximo lunes pero no se han realizado los cambios estructurales que deben hacerse, como por ejemplo contar con el sistema informático necesario”.
Lo que debe ponerse en marcha es una Oficina Judicial de asignación de casos, que cuenta con un sistema informático que asigna cada expediente en función de su complejidad.
A la hora de hablar de infraestructura, en un sistema donde la oralidad rige el proceso penal, varios fiscales indicaron que tampoco se cuenta con las salas de audiencias necesarias para dicha tarea.
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