Un diputado del radicalismo jujeño acusó a sus pares de estar «untados» por el Rey del Tabaco

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Un diputado del radicalismo jujeño acusó a sus pares de estar "untados" por el Rey del Tabaco

Mientras se trata la ley de Bases en el plenario de comisiones del Senado, un diputado radical recordó la polémica que se armó en la Cámara baja cuando se votó un artículo que permitiría que la tabacalera Sarandí vuelva a abonar la misma alícuota del impuesto interno a los cigarrillos que pagan sus competidores en la industria. Jorge Rizzotti, de la Unión Cívica Radical y representante de Jujuy, aseguró que sus pares que votaron en contra de subir el impuesto (el PRO y LLA) estaban “untados” por Pablo Otero, el “rey del tabaco”.

“El tema de la discusión del famoso impuesto al tabaco, del famoso ‘señor del tabaco’, la verdad es que la discusión del impuesto que es del 70% al 73%, nadie discutió eso. El tema era: ‘Che, ¿qué hace Sarandí? ¿paga o no paga?’. ¿Y el lobby por qué? Porque Sarandí los unta. Hay diputados que están untados, así de claro”, acusó Rizzotti en una entrevista brindada este martes al programa “Política a las brasas”, del canal de streaming Coya TV.

“Lo lógico sería: los estás por joder a los monotributistas sociales, ¿quiénes van a salir a la calle? Los monotributistas sociales. Che, les van a descontar Impuesto a las Ganancias a los médicos, ¿quién salió a hacer quilombo? Los médicos. Les vamos a aumentar el impuesto interno del 70% al 73% al cigarrillo, que lo pague el consumidor. ¿Han escuchado a algún fumador quejarse? No. Este era un tema de curro, corrupción”, insistió el exministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda de Jujuy.

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“Ese debate que se dio en el Congreso es mentiroso. El que está a favor, quiere que Sarandí pague, y el que no, no”, agregó Rizzotti, sobre el día de la media sanción. En la versión original de la ley ómnibus que se discutió durante el verano y en el primer borrador de esta segunda etapa la suba de los impuestos al tabaco estaba en la propuesta del oficialismo. Sin embargo, la negativa del PRO influyó para que el gobierno aceptara dejar de lado este tema y considerarlo más adelante como un proyecto aparte.

Sectores mayoritarios de la UCR, de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal presionaron fuertemente para que el tema estuviera en el dictamen, pero no obtuvieron el resultado esperado. De cara a la sesión y durante su desarrollo, siguieron tejiendo acuerdos para que se incorporara al texto final como un agregado en el recinto. La Libertad Avanza siguió negándose para no abrir un frente de conflicto con el PRO. Pero apareció un aliado inesperado: Unión por la Patria.

Por 82 votos afirmativos se logró sumar el artículo, pero allí no sólo fueron importantes los respaldos sino también las abstenciones, que fueron 69 y que permitieron no entorpecer una movida que incomodó al oficialismo. La mayoría de ellos fueron diputados de Unión por la Patria, un bloque donde también hubo 21 legisladores que apoyaron la moción, encabezados por Victoria Tolosa Paz. Germán Martínez estuvo dentro del grupo que se abstuvo al igual que Máximo Kirchner, mientras que la izquierda tomó la misma determinación para no beneficiar "a ninguno de los dos sectores del lobby", dijo la diputada Myriam Bregman al momento de marcar el sentido de su voto a viva voz.

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“El oficialismo no quería que se votara. Se pudo dar bajo presión. El PRO no quería saber nada. Hubo muchas charlas durante toda la madrugada para que se diera. Al final el oficialismo cedió y se pudo votar”, dijo en estricto off the record un negociador de la UCR que participó de las negociaciones. El dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, es señalado como el principal beneficiario del régimen actual y se lo acusó de influir sobre legisladores de distintos bloques para impedir un cambio legal.

Con estas modificaciones, los impulsores consideran que se puede aumentar la recaudación impositiva en casi 1000 millones de pesos al año. Si bien Rizzotti se manifestó muy crítico de los diputados que no apoyaron la medida, ese día fue escrachado afuera del Congreso por ingresar a dar quórum para la ley de Bases y, finalmente, votó a favor del proyecto de Javier Milei.

¿Quién es Pablo Otero, el “rey del tabaco”?

Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí, es un gran beneficiario del Estado argentino. Si bien compite con los gigantes de la industria tabacalera, este productor argentino produce los cigarrillos más económicos del mercado: Red Point, West, Master y Kiel. Otero sostiene que su compañía no debería pagar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos porque “sería injusto”, dada la capacidad económica de los grandes conglomerados.

Según registros de las Cámaras de Salta, Jujuy y Misiones, Tabacalera Sarandí no adquirió ni un gramo de tabaco de productores locales durante todo el año 2023 y, en momentos de cierre total de las importaciones, Otero tuvo acceso a las SIRA necesarias para traer del exterior su materia prima. Aunque se autopercibe como Pyme, la empresa blanquea ingresos por 800 millones de dólares anuales y su familia tiene al menos 19 sociedades en todo el mundo, con empresas constituidas en paraísos fiscales.

El mismo Otero admitió en una entrevista radial que su empresa tiene cerca del 33% del mercado de los cigarrillos. Pero sus cuentas no cierran y se comenta que la AFIP investiga la evasión fiscal. Además, Otero y el diputado peronista Carlos Castagneto enfrentan una denuncia de Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, por cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión y lavado de activos.

La denuncia se basa en un mail anónimo, en el que se aseguraba que Castagneto había recibido 4 millones de dólares por parte de Otero para “repartir” entre kirchneristas y legisladores del PRO, para que voten contra la suba de los impuestos al tabaco en Diputados. En caso de que el Senado confirme estos cambios, Otero pagará el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, se elevará la alícuota del impuesto variable al 73%, se incorporarán precios de mercado referenciales y se añadirá un cálculo de sanciones sobre la base a los precios de mercado relevados, detalló La Nación.

ML / ED