En octubre de 2014, salió a la luz una acción legal en la que una familia de origen chileno solicitaba una Rectificación de Título para un terreno ubicado en Calingasta. El objetivo era definir la superficie exacta de la propiedad, ya que existían discrepancias entre las dimensiones y coordenadas consignadas en el título y las del plano de mensura. La presentación atrajo la atención de la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, ya que los reclamantes chilenos argumentaban que se encontraban en juego más de 60 mil hectáreas en la frontera con Chile. Esta área es equivalente al tamaño del Gran San Juan, que incluye los departamentos Capital, Rivadavia, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. Además, dentro de esta zona se encuentran áreas con un alto potencial minero y afluentes del Río Blanco, que junto con el Río Los Patos Sur, contribuyen con el 70 por ciento del caudal que fluye a través del Río San Juan. La Fiscalía de Estado se opuso al reclamo y, tras la presentación de pruebas, la Justicia lo rechazó por improcedente, evitando así que una parte clave de la cordillera quedara en manos privadas.
Los reclamantes son los familiares de María Luisa Correa Guzmán de Errázuriz, una ciudadana chilena fallecida. A través del abogado Carlos Baudonnet, siete personas se presentaron como herederos en el Séptimo Juzgado Civil para iniciar la rectificación del título. Solicitaron que se registraran como propias más de 60 mil hectáreas, un área que limita al norte con la cumbre que divide los valles de los ríos Los Piuquenes Verdes y Lagunas, al sur con la línea de cumbre que separa los ríos La Pantanosa y de la Carnicería, al este con la Cordillera de los Andes y al oeste con el río Santa Cruz. Además de estos afluentes, dentro de la zona se encuentran los ríos Casa de Piedra, del Yeso y Colorado, así como al menos 9 arroyos.
En el fallo, la Justicia tomó en cuenta una presentación crucial de la Fiscalía de Estado, representada por los abogados Fernanda Morchio y Luis Lloveras. Estos presentaron copias auténticas de las escrituras de la propiedad, en las que se incluían los datos utilizados para su inscripción. Según estos documentos, «se evidencia que la imprecisión u omisión de los datos esenciales para conformar el asiento registral se ha ido trasladando desde el título originario». Además, el fallo destacó que «las pruebas presentadas en el caso son insuficientes para ordenar la rectificación o corrección del título solicitado, ya que no se demuestra fehacientemente cuál ha sido el error del registro o el dato, en este caso, de superficie que se ha omitido». También se señaló que la corrección que se buscaba, indicando que la propiedad tiene más de 60 mil hectáreas, «no se desprende de los títulos antecedentes o del documento matriz», por lo que se debía rechazar la solicitud.
Cabe destacar que, en uno de los documentos presentados por la familia, se mencionaba que la superficie de la propiedad era de «7 kilómetros más o menos», lo que claramente era un error que no pudo corregirse debido a la falta de pruebas que indicaran lo contrario. Por lo tanto, no se conoce la verdadera magnitud de la propiedad. Además, la Justicia hizo hincapié en que, al tratarse de una zona fronteriza en la que existen bienes de dominio público, como los cauces de los ríos, se debe involucrar a la provincia de acuerdo con las leyes nacionales.
Este reclamo por una porción de la cordillera, que ha durado casi una década, ha sido objeto de interés tanto en Argentina como en Chile. La decisión judicial marca un precedente importante y preserva la integridad de estas tierras en manos del dominio público.
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