Un país en la encrucijada

Un país en la encrucijada

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FF. AA. El gobierno del presidente Guillermo Lasso las emplea contra el narco. | AFP

El asesinato del candidato a la presidencia Francisco Villavicencio el 9 de agosto en Quito representa no solo el hito más reciente de la larga y trágica historia de la violencia política latinoamericana, sino que además expone de forma brutal la encrucijada en la que se encuentra Ecuador, un país atrapado en las redes de la nueva geopolítica del crimen organizado.

Los disparos que acabaron con la vida del experiodista y candidato del Movimiento Construye no constituyen un hecho aislado. Una ola de violencia sin precedentes atraviesa al país. A fines de julio, el popular alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue ultimado en un ataque perpetrado por sicarios. Un asambleísta y dos candidatos a alcalde corrieron la misma suerte. Otra decena de funcionarios lograron sobrevivir a diferentes atentados a lo largo y ancho del país.

Los políticos no son los únicos destinatarios de la violencia criminal. Ecuador registra una tasa de 25,3 homicidios cada cien mil habitantes, un índice similar a los de México y Colombia y cuatro veces superior a la que ostentaba en el año 2017. Hay que tener en cuenta que, según Naciones Unidas, un país que posee una tasa superior a diez homicidios cada cien mil habitantes, sufre una condición a la que el organismo internacional denomina “violencia estructural”.

¿Cuáles son las causas de este fenómeno? ¿Por qué el antaño pacífico Ecuador se transformó en pocos años en uno de los focos de la violencia que azota a la región latinoamericana (una región en la que habita el 9% de la población mundial y en la que se registran el 30% de los homicidios globales)?

La respuesta, aunque compleja, nos orienta en una clara dirección: las dinámicas de la geopolítica del crimen organizado, en particular las del narcotráfico, y siendo aún más específicos, las de la cocaína.

Tras cuarenta años de “guerra contra las drogas”, la producción de cocaína no solo no ha descendido, sino que en la actualidad registra un pico de producción sin precedentes. Según el Informe Mundial de Drogas de la ONU, entre 2020 y 2021 la oferta se incrementó en un 35%. La totalidad de la cocaína que se produce en el mundo procede de solo tres países: Colombia, Perú y Bolivia.

Al histórico incremento de la oferta se le suman los cambios en los patrones de la demanda. Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de esta droga, pero su uso se encuentra en disminución desde hace décadas (la crisis de los opioides, en particular del fentanilo, es la gran preocupación actual en el país del norte). Lo contrario ocurre en Europa y América Latina. Según el reciente “Reporte global sobre la cocaína” elaborado por Naciones Unidas, en el año 2020 el 30% del consumo se registró en Estados Unidos, el 24% en América Latina y el 21% en Europa Occidental y Central. Incluso África y Asia se consolidan como mercados con potencial de expansión en el futuro cercano.

Más cocaína, mercados en expansión y nuevas rutas. Es aquí donde Ecuador adquiere un rol preponderante.

Observemos el mapa. Ecuador limita con los dos mayores productores de cocaína: al norte con Colombia y al sur con Perú. A su vez, hacia el este comparte la cuenca amazónica con el segundo consumidor a nivel mundial: la República Federativa de Brasil. Si giramos nuestra vista hacia el oeste, todo su litoral es bañado por las aguas del Océano Pacífico, la principal ruta de la cocaína con destino a México y Estados Unidos y la salida de gran parte de los cargamentos, que luego de atravesar el Canal de Panamá, se dirigen hacia el continente europeo.

En este contexto, la relevancia estratégica que adquiere el país debido a su posición geográfica se incrementa aún más por las nuevas condiciones del mercado. Ecuador dejó de ser simplemente un país de tránsito, para convertirse en un centro de distribución, almacenamiento, procesamiento y distribución de cocaína. Un verdadero “hub” del narcotráfico global.

La dinámica global posee su correlato regional y local. Colombia juega un rol clave para comprender el fenómeno ecuatoriano, ya que allí se produce el 70% de la cocaína del mundo. Para evitar la presión de las autoridades, los grupos asociados al narcotráfico, desde las disidencias de las FARC a las bandas criminales emergentes, procuran trasladar parte de sus actividades a terceros países. En este contexto, y ante el aumento de los cultivos, se estima que un tercio de la producción de cocaína colombiana ingresa a Ecuador para su posterior exportación a los mercados internacionales.

Los puertos y aeropuertos ecuatorianos (los de Guayaquil especialmente) se han transformado en plataformas de lanzamiento de la cocaína colombiana al mundo. Si bien las incautaciones se han incrementado al punto de que Ecuador es actualmente el tercer país a nivel mundial en cuanto a decomisos, las autoridades reconocen que apenas el 20% de las cargas que parten de sus puertos logran ser inspeccionadas.

Esta invasión de cocaína sobre territorio ecuatoriano propicia que las bandas criminales locales adquieran un auge y un poder sin precedentes. La lucha por el control del territorio, la venta de droga al por menor, la violencia ejercida contra grupos rivales, el sicariato por motivos políticos y económicos sumado a las alianzas con los carteles mexicanos, transforman a grupos como Los Choneros (aliados al cartel de Sinaloa) y a Los Lobos, Los Lagartos o Los Tiguerones (aliados al Cartel Jalisco Nueva Generación) en actores que desde las calles y las cárceles han sumido a Ecuador en una crisis de seguridad sin precedentes.

En este escenario de inestabilidad y violencia, el gobierno saliente de Guillermo Lasso ha declarado el estado de excepción por sesenta días. En apenas una semana, el 20 de agosto, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Más allá de quien resulte electo, la democracia ecuatoriana ha sido puesta en jaque por el crimen organizado.

Nadie en América Latina debería cometer el error de creer que lo que sucede en Ecuador nos es ajeno.

*Profesor de Estrategia y Seguridad Internacional. Universidad Católica Argentina.

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