Venezuela: el régimen de Maduro continúa con las detenciones arbitrarias, denuncia Amnistía Internacional

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• El gobierno de Nicolás Maduro continúa con la práctica de detenciones arbitrarias en Venezuela, dice AI. Foto: Reuter

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Venezuela: el régimen de Maduro continúa con las detenciones arbitrarias, denuncia Amnistía Internacional

• Un informe acusa al régimen chavista de llevar adelante una serie de arrestos "a discreción".
• Actualmente hay 300 personas detenidas por motivos políticos en el país.

El gobierno de Nicolás Maduro continúa con la práctica de detenciones arbitrarias en Venezuela, dice AI. Foto: Reuter Redacción Clarín29/08/2023 12:47 / Actualizado al 29/08/2023 12:47

“La evidencia demuestra que la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de derechos humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela". Así lo advierte Amnistía Internacional al presentar este martes su informe sobre detenciones arbitrarias en el país caribeño. Arrestos, indica, usados como un arma de control y represión del gobierno.

El informe de unas 30 páginas titulado "Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela", exige la liberación de las personas detenidas por motivos políticos y expone los patrones de represión que utiliza el régimen chavista a través de la descripción de nueve casos concretos.

Estas nueve víctimas fueron detenidas por razones políticas entre 2018 y 2022 e incluyen desde a una madre y comerciante hasta un matrimonio de profesionales y una persona con autismo.

Organizaciones de la sociedad civil venezolana estiman que actualmente unas 300 personas se encuentran detenidas por motivos políticos en Venezuela. Según el Foro Penal, ha habido más de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela desde 2014.

Nicolás Maduro durante una cumbre regional en Brasil. Foto: Bloomberg

"Nuestro informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas maestras, sindicalistas y defensoras de derechos humanos en el país, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes", dice Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional..

CY sentencia que "las detenciones arbitrarias no pueden continuar siendo una herramienta de represión y control social del gobierno".

Así actúa el régimen

Según AI, el régimen chavista actúa de la misma manera a la hora de llevar adelante este tipo de detenciones. Y describe un patrón que se repite en cada caso:

Maduro, durante los actos por el Día del Ejercito Bolivariano. Foto: EFE

• Detenciones sin órdenes judiciales con la supuesta justificación de flagrancia;Períodos cortos de desaparición forzada seguidos al arresto;

• Imputación de delitos con amplio margen de discrecionalidad.

• Limitaciones al acceso al derecho a la defensa.

• Uso de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

• Dilaciones indebidas de períodos de investigación y -en caso de excarcelaciones- sujeciones a procesos penales que no avanzan y que mantienen las restricciones a la libertad de la persona a través de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

• La retaliación como objetivo de la detención.

• El uso de tribunales especiales con competencia en terrorismo.

• La imputación del delito de asociación para delinquir con un bajo estándar de evidencia.

• La aplicación de penas severas que alcanzan el máximo legal del ordenamiento jurídico.

Un caso: Emirlendris Benítez

Entre los nueve casos que describe el informe, figura el de Emirlendris Benítez, de 42 años, descripta como copiloto, madre y comerciante de 42 años, detenida en agosto de 2018.

"Desde su detención en agosto de 2018 ha sido víctima de innumerables violaciones de derechos humanos, que incluyen su detención arbitraria, tortura, violencia de género, discriminación, juicio injusto y condiciones de reclusión inhumanas", dice el informe y explica que si bien la mujer no había llevado a cabo ninguna forma de activismo político, fue incriminada en una causa política sin que le permitiera ejercer su derecho a la defensa en un juicio justo.

La mujer fue detenida cuando se dirigía en su auto hacia la frontera con Colombia para comprar alimentos que escaseaban en Venezuela. En el control policial, se le informó que tenía una orden de detención por supuestamente estar vinculada con el ataque con drones contra Maduro, en Caracas, ese año.

El ingeniero petrolero Darío Estrada, otro caso

El ingeniero petrolero y neurodivergente (dentro del espectro autista) Darío Estrada, de 43 años, fue detenido, según el informe de AI, en diciembre de 2020 por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana. Los efectivos irrumpieron en su casa de Barquisimeto, en Lara, a las once de la noche y se lo llevaron.

Según su relato, lo detuvieron, lo golpearon, le ataron de manos y pies al mástil de una bandera de la comandancia policial, donde pasó la noche.

La orden de su detención vino "de arriba", le dijeron, sin especificar. Luego le explicaron que su delito era participar de un grupo de WhatsApp en el que se hacían supuestamente planes contra el gobierno. Aún hoy está detenido.

Más casos

Los mismos patrones de detención se repiten con María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo de 49 y 52 años,un matrimonio de profesionales, detenidos en marzo de 2019. Con Roland Carreño, periodista y activista político, detenido en octubre de 2020. Guillermo Zárraga: 59 años, ex-sindicalista y padre, detenido en noviembre de 2020. Y Robert Franco: 54 años, profesor y sindicalista, detenido en diciembre de 2020.

A la lista se agregan: Javier Tarazona: 41 años, defensor de derechos humanos y preso de conciencia, detenido en julio de 2021. Y Gabriel Blanco: 46 años, activista y trabajador humanitario, detenido en julio 2022.

La situación en Venezuela

Amnistía subraya que estos casos se dan un contexto de crisis social y económica lo que ha obligado al éxodo de 7,3 millones de personas, es decir el 25% de la población total.

Según AI, esta cifra refleja un aumento de más de un millón de personas que salieron del país entre mayo de 2022 y mayo de 2023, lo cual a su vez "demuestra la continuidad de la profunda crisis de derechos humanos en el país".

Redacción Clarín con informe de Amnistía Internacional

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