Costó, pero poco más de un año después, Fiscalía consiguió que un menor de 17 años declarara y diera detalles de aquella noche en que se metió a la seccional 34ta de Rivadavia, y les robara cascos a dos policías que habían cumplido su jornada y ya se retiraban, ocasionándoles un gran dolor de cabeza. Porque aquella noche del 11 de julio de 2022, se pasó de creer que todo era parte de un chiste, a una búsqueda frenética de ese precoz delincuente, al cual las cámaras de seguridad captaron, a las 22.13, colándose por una medianera hasta un patio interno de la seccional, sustraer los dos cascos y volver a huir por el mismo lugar. La complicación para esos policías surgió de lo que hicieron después, que fue salir a buscarlo, golpearlo hasta hacerlo confesar quién tenía las cosas robadas y entregarlo a sus parientes, sin avisarle a un juez ni un superior ni dejar constancia alguna de lo que había pasado.
La cruda verdad estalló cuando la madre del chico decidió llevarlo al hospital Marcial Quiroga para que lo atendieran de las lesiones. Y, sin dudar, se cruzó a la seccional 13ra para denunciar lo que le habían hecho al menor, entonces de 16 años.
Las primeras pruebas contra los policías de guardia aquella noche en la 34ta surgieron cuando un médico constató las lesiones y también que el chico estaba «drogado».
Y todo se complicó más cuando, al otro día, el jefe de la seccional llegó a preguntar qué había pasado y le minimizaron un hecho ocurrido con un menor, sin saber que ese comisario ya sabía de la denuncia y se pondría a revisar las cámaras. Luego elaboró un informe y la cuestión pasó de castaño a oscuro para esos policías.
El 29 de agosto pasado, los pesquisas de la UFI de Delitos Especiales encargados de tramitar esa causa, el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio, consiguieron que el menor declarara, luego de que un psicólogo informara que podía hacerlo.
Y en su relato de los hechos no dudó en decir que él y un supuesto cómplice habían decidido entrar a robar. Que él estaba drogado, entró y salió con los cascos. Que luego los ofrecieron pero nadie se los compró. Que varios policías (incluidas algunas mujeres) llegaron luego y lo sacaron de su casa a golpes y lo cargaron en un patrullero. Que lo llevaron a un descampado donde lo golpearon «como media hora». Y al final, ya en la seccional, confesó que los cascos estaban en la casa de un amigo (de allí los secuestraron) y fue entregado a uno de sus hermanos.
Los policías en jaque son el oficial que estaba a cargo de la seccional, Leandro David Escobar, la oficial ayudante Gabriela Alejandra Sosa, el cabo primero Julio César Salinas y los agentes Kevin Ariel Sánchez (era calabocero), María Paula del Rosario Heredia Atampiz y Micaela Alejandra Agüero Godoy.
A Escobar y Sánchez les atribuyen la coautoría en privación ilegal de la libertad, apremios ilegales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y a sus colegas, participación necesaria en los mismos delitos, aunque tres de ellos responsabilizaron a Escobar.
Ayer, Fiscalía consiguió autorización de la jueza Verónica Chicón para que el menor intente identificar a sus atacantes en una rueda de personas. Luego de esa prueba, el caso entrará en la recta final, en la que los acusadores deberán decidir si piden el cierre de la investigación y el pase del caso a juicio.
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