Legislatura bonaerense: una venalidad multimillonaria

La administración de la pobreza configura un régimen cimentado en la informalidad de trabajadores poco calificados y siempre en el borde de la subsistencia. Como tal, el kirchnerismo se encargó de darle un carácter sistémico a lo que entonces era lo más parecido a un conjunto de dispositivos asistenciales dispersos.

“Administra” un estatus social inamovible al que no fortuitamente exalta como esencia de las virtudes sociales, simulando una transferencia de recursos hacia los carenciados cuando, en realidad, les reserva migajas de una torta presupuestaria que vuelve multimillonarios a sus supuestos benefactores.

Un caso elocuente lo constituye el del puntero platense Julio “Chocolate” Rigau. Fiel a las directrices de la “política territorial”, Rigau, de oficio electricista y contratado por la Legislatura bonaerense, es el titular del merendero “Una Estrella” en el barrio platense de “La Granja”.

Funciona repartiendo copas de leche… solo dos veces por semana de 17 a 18 hs. Actividad que constituye solo la fachada de un depósito de alimentos que él y sus tres hijos – contratados, a su vez, por el consejo Deliberante platense- reparten en raciones a las familias beneficiarias de la Agrupación “Octubres”, referenciada por un operador de base por encima de ellos.

No se sabe aún a ciencia cierta quiénes componen dichos agregados; pero es probable que al menos algunos no sean sino empleados fantasmagóricos –“ñoquis”- de la Legislatura bonaerense.

El trabajo más intenso de Rigau, sin embargo, no era ni las reparaciones eléctricas ni el asistencialismo alimentario –que de por sí dice mucho acerca de las condiciones de vida de sus allegados- sino el de recaudador de sueldos de empleados de la Cámara de Diputados de la PBA. Al momento de su detención en un cajero automático, contaba con cuarenta y ocho tarjetas de débito mediante las que extraía el tope de $30 mil diarios y una suma en efectivo por $1.260.000.

Los empleados, en su mayoría “contratados”, le entregaban sus tarjetas por razones tan variables como “comodidad”, “confianza”, “ignorancia del trámite de extracción”, problemas de salud, “ahorro de tiempo” y hasta “seguridad”.

Cada uno, percibía aproximadamente $600 mil mensuales; pero, luego de las extracciones de “Chocolate”, y una vez que se les devolvían los plásticos, les quedaban remanentes tan variables como exiguos por tareas de cumplimiento dudoso e irregular: limpieza, trámites ante oficinas públicas, choferes, asistencia a instituciones barriales o “militantes sociales”.

Se registra, incluso, el caso de un “asesor” de bloque que ignoraba su trabajo con lo que se le falsificaba sistemáticamente la firma. Otro dato interesante es que registraban domicilios diseminados en barrios de La Plata o su periferia (Berisso, Tolosa y Ensenada) pero también de Hurlingham y Tigre. Prosigamos el derrotero de la recaudación.

Rigau la “rendía” al concejal platense y apoderado del Frente Renovador Facundo Albini, ex Director de “Control y Gestión” de la Secretaria Administrativa de la Legislatura. Hijo de Claudio Albini, Subjefe de la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense. En los medios militantes se los reconocía como el Clan Albini. Los montos “rendidos” por Chocolate ascendían a 28 millones mensuales. Pero como las fechas de cobro de las tarjetas diferían, se estima que en realidad podía llegar hasta 54 o más.

Descontada su parte, los Albini proseguían ascendiendo fondos hacia una “caja negra” de legisladores que podría multiplicar varias veces sus dietas. ¿Quiénes son estos “consumidores finales”?

Por de pronto, los nombramientos debían ser homologados por las autoridades de la Cámara. Y desde allí, ¿hasta dónde? Una fisiología oscura dilucidada por varios indicadores: la rápida liberación ordenada por una cámara judicial, luego recusada por otra. De nuevo en prisión, Rigau -un humilde electricista- cuenta con la defensa de un reconocido estudio jurídico especializado en ricos famosos y poderosos en apuros.

La trama evoca otras estribaciones que conectan a los diputados con ministros, intendentes, jueces y fiscales. “Chocolate” es, entonces, solo uno de varios otros recaudadores. Todos intermediarios pobres; solo un grado por encima de sus paquetes clientelares. De hecho, perciba $900 mil; pero le quedaban netos solo $200 mil. Significativamente, su caso abreva en una Legislatura que cuenta con el presupuesto más alto del país y en donde todo se vota “a libro cerrado”; y que este año ha sesionado solo dos veces.

Allí no hay “grieta”: el empate entre los representantes del interior y el Conurbano determina una “omerta” de intercambios recíprocos entre bloques sin el cual gobernadores no podrían ni siquiera hacer funcionar mínimamente los feudos parcelados de sus ministerios y los laberintos de sus múltiples regiones administrativas.

No es fortuito que llegar a ser diputado provincial bonaerense sea lo más parecido a una “carrera al cielo” hacia fortunas multimillonarias blanqueadas en diversas actividades.

Un mecanismo perverso e impune instalado en el corazón del poder de una provincia fallida cuyos beneficiarios verdaderos permanecen blindados por la impunidad. “Chocolate” confirma otro principio siniestro de la impostura pobrista: el hilo se corta siempre en su parte más delgada.

Jorge Ossona es historiador. Miembro del Club Político Argentino y Profesores Republicanos.

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