Humedales andinos, clave en la mitigación del cambio climático
En diciembre se llevará a cabo la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en los Emiratos Árabes Unidos, con el fin de avanzar en las negociaciones que den respuesta a la crisis climática global.
Entre las principales soluciones, se propone un modelo de transición energética que intensifica la demanda de minerales y que no tiene en cuenta el rol de ecosistemas clave como los humedales altoandinos para la adaptación y mitigación al cambio climático ni los derechos de comunidades que padecen los impactos de la minería. En definitiva, no se propone una salida integral para modificar el sistema de producción y consumo que nos trajo a esta situación de crisis.
Por ello, se conformó la Alianza por los Humedales Andinos entre organizaciones ambientales y de derechos humanos de Argentina, Bolivia y Chile con el fin de promover la protección y conservación de estos ecosistemas. Los humedales andinos secuestran y almacenan dióxido de carbono y son clave en la regulación de la disponibilidad y calidad del agua.
Sin embargo, a su degradación exacerbada por el cambio climático se suma la amenaza de la minería de litio, que puede comprometer sus funciones centrales y provocar la liberación de gases de efecto invernadero.
El litio, disuelto en los salares de Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 53% de reservas mundiales, ha recibido especial atención del Norte Global (mayormente de Estados Unidos, Europa y China), quienes compiten por asegurar el acceso y control de este tipo de minerales denominados “críticos” para su modelo de transición energética y para su seguridad energética.
Su extracción requiere un alto consumo de agua (el proyecto Olaroz en Argentina sólo en 2021 consumió 584,1 m3/tn de Li2CO3 producido), en zonas de gran aridez con severo estrés hídrico, lo que pone en grave riesgo la integridad de los humedales y la supervivencia de la población.
En Argentina, además, no se cumple con la evaluación ambiental estratégica ni se analizan los impactos acumulativos para determinar el real impacto de la extracción de los más de 36 proyectos en cartera. Tampoco se respeta la legislación ambiental e indígena, como los derechos de acceso reconocidos en el Acuerdo de Escazú, ni la consulta previa del Convenio 169 de la OIT. Tampoco, se aseguran los derechos de las personas defensoras del ambiente. Además, no hay en el país una ley para la protección de humedales, aunque hace más de una década que la sociedad la reclama.
En este escenario la Alianza por los Humedales Andinos llama la atención de la sociedad global, nacional y local sobre la importancia estratégica de estos ecosistemas, y busca protegerlos para que ni ellos ni las comunidades que los habitan sean arrasados en pos de una transición energética que no se plantea disminuir los sistemas de hiperconsumo, y que perpetúa asimetrías entre el Norte y el Sur Global.
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