El resultado del proceso electoral ha generado un escenario de conformación de un nuevo gobierno nacional con minorías relativas en ambas Cámaras y la necesidad de búsqueda de consensos generales y especiales para la implementación de políticas de transformación y cambios estructurales en materia de organización del estado y promoción de políticas de mercado como los que se anuncian.
Hay, sin embargo, una agencia gubernamental que está pendiente de consolidación institucional por al menos los últimos 25 años y que se encuentra pendiente de resolver “a simple tiro de decreto”.
Se trata de la Autoridad Nacional de Competencia (ANC), que es la agencia encargada de velar por la libre competencia entre los agentes del mercado para garantizar la mejora en calidad, precio y la innovación permanente en la producción y comercialización de bienes y servicios.
En resumen, promover la competencia que conduzca a la eficiencia económica y la protección del interés económico general para el bienestar de los consumidores. En efecto, la ANC creada por la ley 27.442 en 2018 como organismo independiente, colegiado e interdisciplinario lleva más de 5 años pendiente de su puesta en funciones.
De alguna manera repitiendo el caso del anterior modelo de creación de un tribunal independiente de defensa de la competencia de la ley 25.156 de 1999 y que fue eliminado durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2014 sin haber podido nunca sido instituido.
En varias oportunidades se ha señalado que un complejo sistema de concurso de oposición y antecedentes para la designación de sus miembros (como lo establece la ley vigente y excepcional en la experiencia comparada) no ha contribuido a su puesta en funciones pero más de dos décadas y diferentes administraciones sin éxito parece confirmar que la razón principal es la falta de voluntad política de contar con una agencia independiente de competencia como lo es el caso de las principales economías del mundo y aún en las agencias de nuestros vecinos de la región.
Hemos sostenido en varias oportunidades en debates políticos, académicos y profesionales que hay varias mejoras que podrían contribuir a consolidar la práctica de libre competencia en Argentina.
También es conocido que habría mejoras estructurales para fortalecer la separación de tareas de investigación de agencia de las resolución de los casos, la incorporación de cuestiones de defensa del consumidor, la revisión del concepto de interés económico general a la luz de lo que están avanzando la Comisión Europea y/o la Comisión Federal de Comercio en los EE.UU., como así también la agilización del mecanismo de designación de los miembros de la agencia lo que podría ser parte de una reforma legislativa.
Que también hay cuestiones operacionales para revisar como la puesta en funciones del régimen ex ante del análisis de las concentraciones económicas, los lineamientos de concentraciones económicas, la implementación de un régimen de plazos preclusivos de actuación ante la agencia, y en particular los desafíos que la economía digital y las grandes plataformas están produciendo en el análisis y normativa del antimonopolio, etc.
Son todas cuestiones para discutir y que podrían importar mejoras en el régimen de competencia. Sin embargo, partiendo de que la ley 27.442 es una buena ley, mejorable, perfectible, pero que, sin lograr dar el paso inicial de poner en funciones a la ANC, sin que la Argentina sortee esta disociación entre la agencia que establece la norma y la que funciona en la práctica, nada bueno va a resultar.
Solo en un país que tiene una matriz anómica estructural como la Argentina puede sostenerse esta realidad por varias décadas. Como señaló Carlos Nino, está anomia boba es causa y explicación del desarrollo trunco de la Argentina.
El presidente electo Milei ha dicho que la competencia será pilar fundamental de la política económica de la nueva gestión. La puesta en funciones de la ANC demandaría la designación en comisión de los integrantes de esta agencia de manera provisoria junto, si se quiere, con el llamado a concurso definitivo de sus integrantes.
Las mejoras y cambios posibles que necesiten una modificación legislativa necesitarán de los tiempos y los consensos que demandarán la fragmentación política de ambas cámaras del congreso conforme el resultado del proceso electoral.
Pero poner en funciones a la ANC y permitir su desarrollo y consolidación será el paso inicial para promover una cultura de la competencia vigorosa. Romper la inercia de no llegar nunca a instituir la agencia de competencia que prescribe la ley será sin duda una saludable innovación.
Miguel Angel de Dios, Doctor en Ciencias Jurídicas, profesor de Derecho Regulatorio del Mercado
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