El Gobierno avanzará por ley con el cierre del INADI y Justicia absorberá sus funciones

El Gobierno avanzará por ley con el cierre del INADI y Justicia absorberá sus funciones

En el marco del plan de ajuste de las cuentas públicas,el Gobierno anunció que cerrará definitivamente el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), que hoy cuenta con un presupuesto de casi $3 mil millones y unos 5 mil expedientes sin resolución, en un anticipo de una política que busca desmantelar los organismos que, según la nueva liturgia oficial, "no sirven para nada".

Más allá que se haya informado que las competencias del instituto serán asumidas en lo inmediato por el ministerio de Justicia, el Ejecutivo trabaja en proyecto de ley con otras dependencias públicas y Ong´s para concretar formalmente la disolución de la entidad.

Es que el INADI fue creado en 1995 por la ley 24.515 -por lo que debería anularse mediante la misma vía- y comenzó a funcionar en 1997. En el 2000 se ordenó por primera vez su intervención, a cargo Eugenio Zaffaronii -años después juez de la Corte Suprema-, y desde entonces se fueron prorrogando sucesivas intervenciones, muchas de ellas cuestionadas por su carácter "militante".

Fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien este jueves anticipó su cierre como parte del "desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política" aunque reconoció que antes de concretarlo deberán pasar por "cuestiones burocráticas".

Entre sus funciones, el organismo tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, a través, de "políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria".

El Gobierno advirtió que el instituto hoy cuenta con un presupuesto de $2.800.000.000 -sólo en alquileres de las 45 seccionales se gastan unos $8 millones- y que una auditoría de interna y de la SIGEN detectó distintas irregularidades, como la falta de una nómina de personal ni sistema de RRHH y que varios "empleados están sin funciones". Estimaciones oficiales, con todo, dan cuenta que trabajan en esta dependencia unos 400 agentes.

Es que, según alertó el propio Adorni, las delegaciones que tenía el organismo a lo largo y ancho del país servían para solventar el denominado empleo militante. "No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman para nada", enfatizó.

En las últimas horas, la intervención a cargo de María de los Angeles Quiroga, oficializada el último miércoles, "pidió la renuncia a todos los delegados" de las seccionales, por tratarse de cargos políticos.

El relevamiento, asimismo, registró que al inicio de la gestión había más de 7 mil expedientes sin resolución, de los cuales ya se "tramitaron" unos 2 mil. También se detectaron problemas de seguridad informática.

Durante el kirchnerismo el organismo tuvo interventores de fuerte sesgo militante, como María José Lubertino y el actor Claudio Morgado. Durante el anterior gobierno la gestión más escandalosa fue la Victoria Donda: en enero del 2021, la empleada doméstica de la entonces funcionaria la acusó de ofrecerle un puesto de trabajo dentro del INADI o un plan social para así poder despedirla sin abonar la correspondiente indemnización.

En 2022 el propio Javier Milei había anticipado que, de llegar a la Casa Rosada, llevaría a cabo el cierre del instituto al tiempo que el legislador porteño Ramiro Marra advirtió que el mismo también se utilizó para perseguir a dirigentes opositores. “En lo personal, me armaron una denuncia por decir en TV que los piqueteros eran delincuentes y deberían ir presos”, recordó desde su cuenta de X.

Desde el Ministerio de Justicia, de cuya estructura depende el organismo puesto en liquidación, informaron que el "personal idóneo y que trabaja con responsabilidad" será reubicado en otras secretarías de la cartera. También remarcaron que "se redujo el personal de 430 a 355" y el costo salarial para mantener aquella estructura: $202.499.512 en enero de este año.

Al respecto, el ministro Mariano Cúneo Libarona enfatizó que “es una prioridad de este ministerio cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia o racismo” al tiempo que consignó que “respetaremos y ordenaremos todo lo concerniente a un derecho tan importante como es la no discriminación. De hecho, ya elaboramos un protocolo de actuación e investigación y el régimen de educación general y capacitación que establecen las normas”.

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