Tres años después de aquel 11 de marzo de 2004, cuando en cuatro trenes de Madrid estallaron diez bombas que asesinaron a 192 personas e hirieron a casi dos mil más, hubo un juicio. Duró cuatro meses y medio y dictó una sentencia de 200 tomos. Condenó a 21 de los 28 procesados que, sumadas las penas, representaban más de 120.500 años de prisión. Sin embargo ese juicio, histórico, nunca determinó de boca de quién salió la orden de sembrar explosivos en trenes colmados de pasajeros que viajaban hacia Madrid.
Este lunes, a la misma hora en la que se cumplen los 20 años del mayor ataque terrorista ocurrido en España -y en Europa-, prescribe toda posibilidad de seguir investigando el atentado.
Porque según el Código Penal español de hace dos décadas, todo delito de terrorismo prescribía pasado los 20 años.
“Se desconoce quiénes fueron los autores intelectuales del atentado yihadista -argumenta desde hace años una de las asociaciones de víctimas del 11M-. Si nada cambia, el 11 de marzo de 2024, los crímenes cometidos quedarán prescritos y, sus responsables, libres de cualquier tipo de pena.”
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Se cumplen 20 años del atentado que dejó casi 200 muertos en Madrid.
Pero para la asociación mayoritaria que nuclea a personas que sobrevivieron al atentado y a familiares de los que murieron allí -Asociación 11-M Afectados del Terrorismo– abogar por la no prescripción es seguir alimentando las teorías de la conspiración sobre quienes estuvieron detrás de las explosiones en Madrid.
“Hay reivindicaciones antes y después de los atentados sobre la autoría yihadista”, dice a Clarín Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11-M y papá de Daniel, un estudiante de 20 años que murió en el tren que aquella mañana lo llevaba a la universidad.
“El juicio concreta que la autoría es una célula yihadista. ¿Que alguien quiera pedir que no prescriba? Me da igual que prescriba o no -confiesa Eulogio-. Ha habido tantas teorías de la conspiración como personas. Nosotros a lo que nos atenemos es a los hechos probados. Los hechos probados dicen que fue una célula yihadista y punto”.
Hoy permanecen en prisión sólo tres de los condenados por el atentado. Jamal Zougam, el ciudadano marroquí que colocó el último explosivo en el tren que salió de Alcalá a las 7:14 y explotó a las 7:38. Otman el Gnaoui, también marroquí, que fue quien transportó los explosivos desde Asturias, y el minero asturiano Emilio Suárez Trashorras, que se los vendió.
La mentira que apuntó a ETA
Hace 20 años, aquel 11 de marzo, España estaba gobernada por José María Aznar, del Partido Popular, quien se había fumando un puro con los pies sobre el escritorio con el presidente estadounidense de entonces, George W. Bush, en la cumbre del G8 de 2002 en Canadá y, un año después, había visto con buenos ojos la intervención de Estados Unidos en Irak.
Cuando en marzo de 2004 le estallaron diez bombas en Madrid, Aznar optó por acusar a la banda terrorista ETA.
“Todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta”, dijo Aznar aludiendo al grupo vasco y arropado por algunos medios de comunicación que repetían lo que Aznar deseaba escuchar.
Unas personas se abrazan durante el acto en memoria de las víctimas de los atentados yihadistas del 11M, en la estación de Atocha. Foto: EFE
“Los autores intelectuales de esos atentados no creo que anden en desiertos muy remotos ni que anden en montañas muy lejanas”, señaló luego el presidente del gobierno español, desestimando los indicios y las opiniones autorizadas que decodificaban en la tragedia el modus operandi propio del terrorismo islámico.
Pero faltaban tres días para las elecciones generales en España y, según la lectura política que el Partido Popular hacía del atentado, el resultado electoral les sería favorable si los asesinos militaban en ETA. Porque otorgar la autoría de la masacre a fundamentalistas yihadistas significaba entregar en bandeja miles de votos al Partido Socialista, que había basado su campaña en el “no a la guerra en Irak”.
El domingo 14 de marzo de 2004, el PSOE ganó las elecciones y José Luis Rodríguez Zapatero asumió como presidente.
Las conspiraciones, sin embargo, no tuvieron fin.
Un teléfono descompuesto de versiones
El mismo día del atentado se secuestró en Alcalá de Henares una combi con material para detonar bombas. Hallaron, además, una cinta de un grupo musical, Orquesta Mondragón, que, como en un teléfono descompuesto, se interpretó que se trataba de una tarjeta de la Corporación Mondragón, grupo de cooperativas de Guipúzcoa, en el País Vasco. Otra punta más para tirar del hilo que vinculaba el atentado con ETA.
El hallazgo, además, de uno de los explosivos que no estalló permitió a los investigadores decodificar el adn de los ataques. Llegaron así hasta un departamento del barrio de Leganés donde se refugiaban siete terroristas que, al verse cercados por la policía, se inmolaron.
“Entre los que seguían pensando que fue ETA, también se dijo que la Guardia Civil trajo los cuerpos congelados y que los pusieron ahí para hacer creer que eran los yihadistas”, cuenta a Clarín Eulogio Paz.
Aznar se sigue defendiendo
“Nunca, jamás llegó a manos del Gobierno ningún documento oficial que descartase definitivamente la autoría etarra y afirmara sin titubeos la responsabilidad yihadista”, fue el descargo que el este lunes hizo el ex presidente José María Aznar a través de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside. La presidía ya en 2004, cuando ocurrieron los atentados.
El expresidente del Gobierno, José María Aznar. Foto: EFE
Recuerda Eulogio Paz: “Poco antes, a principios de 2003, la FAES, fundación del PP que preside Aznar, había dicho: ‘Cabe esperar un recrudecimiento de la amenaza terrorista si es que se produce la guerra contra Irak, una amenaza que afectará preferentemente a los países que participen en ella’ -repasa Paz-. ¿Cómo es posible que sabiendo esto Aznar, de forma irresponsable, bajase la guardia contra el terrorismo islámico?”
¿Prescripción sí o no?
“Desde distintos sectores insisten en la idea de que la sentencia del 11M quedó incompleta porque ni se identificó, ni por supuesto se condenó, a los llamados ‘autores intelectuales’, quienes estarían disfrutando de impunidad esperando que prescriban los delitos. Sin embargo, ni entonces ni ahora se ha proporcionado el más mínimo indicio de la existencia de tales autores, señala el abogado de la Asociación 11-M, Antonio García Martín.
El abogado explica que en 2004, cuando ocurrieron los atentados, "la ley vigente entonces establecía una prescripción de 20 años para delitos de terrorismo”.
“En diciembre de 2010 entró en vigor la modificación del Código Penal que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo -agrega García Martín-. Pero la Constitución española y tratados internacionales prohíben la retroactividad de la norma.”
“Además, el concepto ‘autoría intelectual’ no existe en el Código Penal español”, suma Eulogio, a quien la pérdida de Daniel, su hijo, convirtió casi en un especialista en derecho español e internacional.
-Por más que el delito de terrorismo prescriba, el juicio establece que el atentado fue cometido por una célula yihadista. ¿Saber esto aporta alguna cuota de alivio al dolor por la muerte de su hijo?
-No. No sé quién es la persona concreta que ha asesinado a Daniel. Durante el juicio he pedido la cadena perpetua para los que asesinaron a Daniel. Evidentemente el derecho del Estado español es el que es y por más que condenen a alguien a 40 mil años, el máximo que estará en la cárcel son 40.
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