Los hechos aberrantes no deberían ser analizados según el color político o el cargo de sus protagonistas. Los delitos y los crímenes deberían ser juzgados con la misma vara sin importar quiénes fueron los autores. Pero eso no parece suceder cuando los abusos sexuales reconocen como presuntos autores a militantes o funcionarios kirchneristas.
La Justicia procesó por abuso sexual al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien está acusado por “tocamientos impúdicos” a una exsecretaria y también por haber desoído la orden judicial de no acercarse a ella, por lo que le fue embargada la suma de $1.500.000.
Ayer, la agrupación Actrices Argentinas expresó su preocupación por el hecho: “Nos preguntamos si un hombre procesado por abuso sexual va a seguir ocupando el cargo de intendente del municipio más grande de PBA”, expresó, en un comunicado.
Sin embargo, hemos asistido a un llamativo silencio de algunos otros de los denominados “colectivos” de mujeres, que con gran despliegue mediático supieron enarbolar controvertidas proclamas para defender supuestamente los derechos femeninos u otras banderas cuando se trata de proteger a quienes sean “del palo”, una forma sectaria de discriminación, como si las cuestiones de género fueran importantes solo si coinciden con su militancia.
El silencio con el caso que involucra a Espinoza no es la excepción. Basta recordar el mutismo de algunos de esos sectores a la hora del abordaje de la denuncia sobre “abuso sexual, de poder y autoridad” que involucró al exgobernador tucumano José Alperovich.
Espinoza recibió un vergonzoso apoyo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien concurrió, como si nada, a un acto en La Matanza junto al intendente luego de que este hubo sido procesado
En el caso de Espinoza, el procesamiento fue realizado por la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti por abuso sexual simple y por desobediencia al haber desoído la orden judicial de no contactar a la denunciante.
Melody Rakauskas, quien denunció haber sido abusada por Espinoza, tiene 35 años y vive desde 2022 en Florida, Estados Unidos, según consta en la causa. Su expareja, un hombre muy cercano a Espinoza, le pagó el pasaje para que dejara el país y la presionó para que retirara su denuncia.
La prueba central contra el intendente de La Matanza es el testimonio de la presunta víctima, quien desde abril de 2021 se desempeñaba como una de las secretarias de Espinoza. La denunciante contó que el jefe comunal matancero se presentó en su casa por supuestas cuestiones de trabajo en tres oportunidades y que en la última visita, el 10 de mayo de aquel año, ocurrió el abuso. La presencia de Espinoza en las inmediaciones de la casa fue confirmada por las antenas de telefonía celular y por grabaciones aportadas por la presunta víctima, quien además exhibió imágenes de los moretones que le habría provocado la agresión física.
Este caso, sin duda, deberá investigarse a fondo y la Justicia deberá evaluar todas las pruebas que se presenten para luego dar un veredicto final respecto de la culpabilidad o inocencia del procesado. Indigna, no obstante, el silencio cómplice de buena parte de la dirigencia peronista y la posición de organizaciones que se declaran defensoras de los derechos humanos que solo se movilizan ante hechos de este tipo cuando la víctima coincide con sus inclinaciones políticas o cuando los victimarios no forman parte de su corriente de opinión. En cambio, cuando los imputados son militantes o dirigentes kirchneristas, callan y recurren a un escandaloso blindaje del sospechado, quien no debería permanecer un minuto más como jefe comunal hasta que se esclarezca el hecho denunciado.
Particularmente preocupante es que estos hechos sean soslayados o negados en ámbitos institucionales, como sucedió en la Cámara de Diputados con la bancada de Unión por la Patria, que se negó a acompañar un repudio a Espinoza, o con el vergonzoso apoyo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien concurrió, como si nada, a un acto en La Matanza junto al intendente luego de que este hubo sido procesado.
Estos temas no admiten doble vara y no solo deben ser repudiados, sino que se los debe investigar y juzgar con todo el peso de la ley. De ninguna manera es admisible que en estas cuestiones tan delicadas haya hijos y entenados.
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