ATE analiza una vigilia y toma de ministerios para contrarrestar la embestida

ATE analiza una vigilia y toma de ministerios para contrarrestar la embestida

Los gremios que representan a los trabajadores estatales, UPCN y ATE, no se quedarán de brazos cruzados ante la próxima ola de desempleados estatales que está planificando la administración Javier Milei. Por un lado, creen necesario realizar protestas por áreas y por otro dan cuenta de un cóctel de medidas de fuerza de contundencia.

ATE, que lidera Rodolfo Aguiar, es el gremio más combativo contra el ajuste de los empleados estatales, desde el 10 de diciembre pasado, y prepara una serie de acciones para el 27 de junio, tres días antes de la fecha en la que vencen los compromisos laborales que la Casa Rosada tiene en la mira, con Javier Milei y Luis Caputo decididos a echar personal. Como lo determinó el congreso del sindicato, y por unanimidad, habrá paros, asambleas, cortes de ruta y la instalación de una carpa en Plaza de Mayo para la fecha mencionada.

En el menú de medidas de protesta, tal como pudo saber PERFIL, se incluye la chance de realizar, el 29 de junio, vigilias en los ministerios y organismos, con ocupación total. Antes de eso, habrá manifestaciones en contra de la ley Bases, que tiene debate pendiente en el Senado, con un paro y movilización al Congreso el próximo miércoles 12. Dicha actividad está respaldada por un sector de la CGT, el de Pablo Moyano, las dos CTA y los movimientos sociales.

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“No podemos aceptar que la respuesta a esta crisis profunda que generaron sea la ley Bases, una ley que incorpora una reforma laboral absolutamente regresiva. En 2015, la OIT ya estudió 63 países que impulsaron en el mundo legislaciones similares y todas fracasaron. Para terminar con la emergencia de empleo y salario que existe hoy, hay que hacer todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno”, indicó Aguiar sobre el rumbo del Gobierno en el discurso que pronunció en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.

Bajo ese marco, agregó: “Enfrentamos un programa económico orientado a entregar a las potencias extranjeras todas las riquezas que producimos exclusivamente los trabajadores, y es con la unidad del movimiento obrero y un pueblo que se niega a firmar su propio certificado de defunción que lo vamos a derrotar”.

En UPCN, que dirige Andrés Rodríguez, quien también ocupa una silla en el consejo directivo de la CGT, la motosierra contra el personal estatal también preocupa y la apuesta pasa por el avance de manifestaciones en cada área en donde se produzcan despidos. Precisamente, detallaron que cada delegación de cada organismo o ministerio encarará su propia pelea. Y no se descarta la realización de alguna medida de alcance general.

Por caso, en marzo pasado, UPCN y ATE se movieron en sintonía, protagonizando manifestaciones en conjunto, y hasta se conformó una mesa con dirigentes de sindicatos que nuclean a empleados estatales, ya que cada organismo descentralizado tiene su propio gremio, como la Anses y el PAMI. En la Anses, por ejemplo, los empleados están bajo el paraguas del Secasfpi, que denunció “la extorsión” por parte de la dirección ejecutiva de Mariano de los Heros al momento de reclamar por los trabajadores despedidos.

“Buscaron sembrar miedo entre los trabajadores mediante despidos masivos, lo que se vio complementado por la intención de disciplinar a las organizaciones sindicales con extorsión”, dijeron desde el Secasfpi.

En torno a UPCN, vale destacar que ya exploró la vía judicial ante la cuestión: en abril, luego de la primera ola de despidos de personal, presentó el primer amparo colectivo para que el recorte quede sin efecto. La presentación fue realizada en la Cámara Nacional del Trabajo. Según Rodríguez, la acción se complementó “con la lucha gremial que es lo más importante, oponerse a estos atropellos e injusticias del gobierno nacional, echando gente a mansalva”.

Asimismo, comentó: “Mediante esos actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el Artículo 14 bis de nuestra Constitución nacional, que consagra al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo”.

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