El informe del Cels y Memoria Abierta sobre terrorismo de estado a seis meses del Gobierno de Javier Milei

El informe del Cels y Memoria Abierta sobre terrorismo de estado a seis meses del Gobierno de Javier Milei

A continuación, el informe completo del CELS y Memoria Abierta sobre el terrorismo de estado y las políticas de memoria, a seis meses del gobierno de Javier Milei:

A seis meses de iniciada la gestión, el gobierno de Javier Milei desmanteló, total o parcialmente, políticas claves para el proceso de memoria, verdad y justicia. El relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y el registro audiovisual de los juicios por delitos de lesa humanidad son dos ejemplos. A otras políticas, como las reparaciones, las pusieron en suspenso o las fueron debilitando, entre ellas las relacionadas con la preservación y funcionamiento de sitios de memoria.

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La política de memoria, verdad y justicia se ve afectada por una combinación del ajuste general de los fondos públicos y el desfinanciamiento y/o vaciamiento de estructuras. En marzo, fueron despedidos dieciocho trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El gobierno los reincorporó en condiciones de extrema precariedad con contratos trimestrales.

A esto se suman los discursos reiterados de los máximos funcionarios del gobierno que caracterizan al proceso de justicia como un acto de hostigamiento y humillación a las Fuerzas Armadas, a las políticas de memoria y educación en derechos humanos como adoctrinamiento, a las políticas de reparación como un “curro” de los organismos de derechos humanos y del colectivo de víctimas, y a las políticas de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas como un “accionar paraestatal”. El nuevo gobierno sostiene posiciones revisionistas y negacionistas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Este tipo de posiciones representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simboliza el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación

A continuación, analizamos la afectación a las políticas públicas claves en esta materia, que durante la democracia han sido: el enjuiciamiento y castigo a los responsables de crímenes masivos cometidos durante la última dictadura, la desclasificación y relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, la incorporación a la currícula educativa del estudio crítico del terrorismo de Estado, las reparaciones a las víctimas, la búsqueda de bebés y niños apropiados durante la última dictadura, y la recuperación de sitios vinculados a la represión para su resignificación como espacios de memoria.

Juicios por delitos de lesa humanidad y archivos estatales

Según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, hasta marzo de este año se habían iniciado 686 causas por delitos de lesa humanidad en todo el país. De ese total, 321 tienen sentencias, que condenaron a 1176 personas, entre militares, policías y civiles, y absolvieron a 183. El Poder Ejecutivo Nacional interviene desde 2007 como querellante, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, en 266 de estas causas. Si bien el actual Ministerio de Justicia sostuvo su rol en las querellas, esta decisión acertada convive con resoluciones y declaraciones del nuevo gobierno que buscan socavar el proceso de justicia.

El Ministerio de Defensa puso fin a la labor del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), que había sido creado en marzo de 2010 (Resolución 308/2010). Este equipo reconstruyó información clave a partir del trabajo archivístico y contribuyó al proceso de justicia con documentación que permitió conocer estructuras y cadenas de mando del sistema represivo, así como identificar personal militar involucrado en acciones ilegales. El actual ministro de Defensa calificó al equipo como “un grupo de persecución y macartismo” y cuestionó su legalidad al calificarlo de “parajudicial”. Con esos argumentos, despidió a diez de los trece expertos en archivos de las Fuerzas Armadas y desplazó de sus tareas a los otros tres. El Ministerio no explicó cómo responderá en adelante los pedidos de información de jueces y fiscales que este equipo tramitaba, ni cómo se preservarán los informes y los anexos documentales que produjeron. A pesar del respaldo explícito que recibió el equipo por parte de funcionarios judiciales, abogados querellantes y organismos de derechos humanos, las autoridades sostienen su decisión e incluso amenazaron con perseguir penalmente a sus integrantes.

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, se negaron a responder pedidos de información sobre los archivos de las instituciones y fuerzas de seguridad que presentó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Este organismo fue creado en 1992 en el ámbito del Poder Ejecutivo y está especializado en la búsqueda de niños desaparecidos durante la última dictadura militar. Bullrich y su jefe de Gabinete cuestionaron las facultades de la CONADI para peticionar información sobre los efectivos por considerarla reservada. Hicieron pública su negativa en un comunicado cuyo título refiere a “los caprichos políticos de un organismo militante”, sumándose a las declaraciones reiteradas de altas autoridades del gobierno contra los organismos de derechos humanos, en general, y contra la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, blanco particular de hostigamiento.

El gobierno también desmanteló el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que filmaba las audiencias en los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el país. Al despedir a seis de los siete trabajadores audiovisuales que realizaban sus tareas en los tribunales federales, resulta imposible sostener el registro. El MECIS surgió de una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2008 sobre publicidad de los juicios. En 2009, mediante un convenio, el máximo tribunal encomendó al INCAA disponer los recursos técnicos para registrar, digitalizar y hacer entrega a los respectivos tribunales de las copias de las audiencias orales y públicas (Acordada 29/2008 – Convenio y Resolución 4248/09 CSJN). En 2015, el programa fue declarado de interés cultural por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por haber conformado un archivo único sobre el proceso de justicia con cerca de trescientos registros completos de las audiencias. La discontinuidad de este trabajo es una decisión administrativa del actual presidente del INCAA, Carlos Luis Pirovano, que incumple el convenio con la Corte Suprema, sin consulta con el tribunal superior ni con la Cámara Federal de Casación Penal.

En la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se discontinuó la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada a través de la Resolución 467/2021 e integrada por organizaciones de derechos humanos. Esta mesa tenía como objetivo promover el acceso a información referida al rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, como aporte al proceso de memoria, verdad y justicia.

Por último, se encuentra vacante la Dirección Nacional dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debe coordinar el trabajo del Archivo Nacional de la Memoria, a cargo del resguardo del archivo de la Conadep, entre otra documentación crítica

La interrupción de estas políticas públicas ocurre en el contexto de reiteradas declaraciones del presidente de la Nación, la vicepresidenta, y diferentes ministros contra el proceso de justicia y en favor de lo actuado por las Fuerzas Armadas. El presidente Milei reivindicó los indultos del ex primer mandatario Carlos Menem como una herramienta constitucional de pacificación, omitiendo que fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2007. Por su parte, la vicepresidenta, Victoria Villaruel, históricamente ligada al activismo en defensa de los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad, manifiesta que se necesita “una solución jurídica” para los militares investigados y condenados.

Sitios de memoria

La Argentina fue pionera en la región en sancionar una ley de preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria (Ley 26.691/2011). La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es la autoridad de aplicación de esta ley que incluye tanto el señalamiento de lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como la asistencia a aquellos que funcionan como espacios de memoria con actividades educativas, culturales, artísticas y de investigación destinadas a la trasmisión y promoción de los derechos humanos. Existen cuarenta espacios de memoria en el país, nueve de los cuales dependen del gobierno nacional. La Dirección Nacional de Sitios está vacante. Las obras de infraestructura proyectadas en los sitios y/o espacios fueron suspendidas en su totalidad. Algunos de los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos antes mencionados fueron de trabajadores de sitios de memoria que ya tenían poco personal; de haberse confirmado hubieran forzado al cierre.

El más emblemático de estos espacios recuperados, a nivel nacional, regional e internacional, es la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Desde 2004 se ha transformado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma, un lugar de denuncia del terrorismo de Estado y transmisión de la memoria, que alberga al Museo Sitio de Memoria ESMA, declarado Monumento Histórico Nacional, Bien Cultural del MERCOSUR y Patrimonio Mundial de la UNESCO. El pasado 17 de mayo, un grupo de suboficiales perteneciente a la promoción 78 organizó un recorrido por el predio para celebrar el Día de la Armada. La conmemoración incluyó la entonación a gritos de la marcha de la Marina y loas a la ESMA en dos lugares emblemáticos dentro del predio. También se tomaron auto-retratos junto a uno de los aviones utilizados en los vuelos de la muerte, repatriado en 2023, que se encuentra en exposición. Los visitantes compartieron las imágenes en las redes sociales con mensajes explícitos, que dejaban bien en claro que era un acto de recuperación de un “espacio usurpado”. Frente al pedido público de explicaciones por parte del CELS, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, minimizó el episodio, como si la elección de un campo de concentración como lugar para realizar una reivindicación no fuera una decisión significativa y se limitó a exaltar a la Armada: “Son argentinos que cantaron la marcha de la Armada Argentina en el día de la Armada, rodeando un mástil con la bandera argentina”

En el último mes, el Espacio Ex Esma recibió otras visitas de similar tenor. La recurrencia de estos eventos de carácter reivindicatorio del terrorismo de Estado –que se refuerzan con mensajes en las redes sociales– se produce en un espacio que la comunidad ha recuperado para afirmar su repudio a los crímenes de la dictadura. La presencia de militares y fuerzas de seguridad en el predio de la Ex Esma no había sido un problema a lo largo de estos años. Incluso, se ha propiciado mediante algunos proyectos específicos, siempre sobre la base de un reconocimiento y condena de lo hecho.

Por último, el trabajo de transmisión vinculado a la experiencia del terrorismo de Estado, que se realiza en sitios de memoria y también por docentes en establecimientos educativos, es ahora considerado por el gobierno como una acción de “adoctrinamiento” y descalificado como vehículo de versiones distorsivas o maliciosas. Esto sucede al mismo tiempo que se ha vuelto recurrente la utilización por parte de altos funcionarios de un amplio espectro de argumentos típicos del repertorio negacionista o relativista: controversia sobre las cifras de víctimas, negación del carácter sistemático de los crímenes, minimización o desconocimiento de los graves delitos cometidos, justificación de la violencia estatal, deshumanización de las víctimas y descalificación de actores sociales vinculados a las luchas por memoria, verdad y justicia.

Política reparatoria

Durante los años noventa comenzó la política de reparación económica para las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, en cumplimiento de obligaciones internacionales y de la solución amistosa en la Comisión Interamericana (Informe 1/1993). Las primeras leyes comprendieron a presos políticos y a familiares de detenidos-desaparecidos o asesinados por el accionar del terrorismo de Estado. Esta política fue continuada, sostenida y ampliada a lo largo de los diferentes gobiernos que siguieron. Su gestión es inter-jurisdiccional: los lineamientos están previstos en leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013; la gestión administrativa corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación e involucra a otras dependencias nacionales y provinciales que intervienen para acreditar información; y finalmente comprende también al Poder Judicial, que ratificó y amplió, en sus intervenciones, el alcance de estos beneficios.

Esta política ha sido evaluada regularmente por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por la Sindicatura General de la Nación. Durante la gestión anterior, el gobierno detectó y denunció judicialmente irregularidades en algunas decenas de expedientes. Ahora, el ministro del área, Mariano Cúneo Libarona, dispuso una auditoría integral de todos los pedidos de reparación en trámite, que alcanzaría a 22.500 expedientes. El Ministerio anunció que se “detendrán los pagos” mientras se encuentre en curso esta auditoría, cuyo plazo es de 180 días hábiles. Si bien la auditoría es un mecanismo regular y adecuado de contralor, en este caso se da en un contexto en el que las autoridades ponen bajo sospecha a la totalidad de la política pública. En declaraciones a la prensa, Cúneo Libarona afirmó que existe “un festival de pagos, de crear estructuras para generar plata del Estado”. Esto fue enfatizado de diferentes modos por la vicepresidenta de la Nación que avaló la decisión ministerial en su cuenta de la red social X: “Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos”, y por el propio presidente que afirmó recientemente que la cifra de 30 mil desaparecidos fue “dibujada en un escritorio para cobrar subsidios”

Existe un acuerdo extendido al interior del gabinete nacional en favor de “dejar atrás el pasado”. Mientras algunos reconocen la actuación ilegal de las fuerzas armadas, otros la ignoran y otros, incluso, llegan al extremo de reivindicarla. La reivindicación puede presentarse de forma explícita como en el caso de la vicepresidenta de la Nación, que declaró el Día del Ejército que se sentía “orgullosa hija de un militar que vistió el uniforme de la Patria y la defendió contra los terroristas del ERP”, en referencia a la participación de su padre en el terrorismo de Estado; o bajo la forma de un reproche social y político a quienes habrían estado “hostigando y humillando a nuestras fuerzas”, como ha planteado el presidente de la Nación. En la misma línea, el ministro de Defensa, Luis Petri, señaló que “algunos dirigentes demonizaron a las Fuerzas Armadas que actuaron en la década del 70”, mientras su actual secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el teniente general retirado Claudio Pasqualini, denunció que “hay organizaciones que buscan complicar el funcionamiento del país, que también buscan debilitar a las Fuerzas Armadas, que reciben financiamiento desde el exterior para atacar a los militares”.

El nuevo gobierno promueve una cultura de desprecio al proceso de memoria, verdad y justicia, al mismo tiempo que descarta las lecciones aprendidas en las últimas décadas y estigmatiza a los actores que la han impulsado y llevado adelante. Como sociedad, este cambio de paradigma busca colocarnos en las antípodas de lo que hemos construido desde la recuperación de la democracia en 1983, bajo diferentes gobiernos y con el compromiso de todos los poderes del Estado.

Medidas y acciones en materia de memoria, verdad y justicia de los primeros seis meses del gobierno de La Libertad Avanza

• Desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas que aportó evidencias a los juicios. Amenaza de persecución penal a sus trabajadores.

• Desmantelamiento del equipo de filmación de los juicios por crímenes de lesa humanidad (Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social) conformado por convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

• Interrupción de la Mesa sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada a través de la Resolución 467/2021 en la Agencia Federal de Inteligencia

• Falta de nombramientos en puestos claves como la dirección del Archivo Nacional de la Memoria, a cargo del resguardo del archivo de la Conadep, y de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria.

• Desfinanciamiento de los sitios de memoria en todo el país, precarización laboral de los equipos e interrupción de obras.

• Dilación temporal de la política de reparaciones económicas y denuncias generalizadas que pretenden extender sin sustento la sospecha de corrupción sobre la totalidad de la política pública.

• Negativa a aportar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en expedientes para localizar niños apropiados

• Calificación como “acciones de adoctrinamiento” a los contenidos pedagógicos sobre la última dictadura trabajados en escuelas y sitios de memoria.

• Auspicio de actos reivindicatorios de la dictadura convocados en el ex campo de concentración y actual Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma, y en recintos militares.

• Centralidad de argumentos negacionistas y reivindicatorios en el discurso de los máximos funcionarios del gobierno:

  • Negación del carácter sistemático de los crímenes
  • Minimización o desconocimiento de los graves delitos cometidos
  • Justificación de la violencia estatal
  • Deshumanización de las víctimas
  • Declaraciones a favor de la impunidad de los represores

• Hostigamiento y descalificación constante a organismos de derechos humanos y a sus integrantes en forma personalizada.

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