Sobreseyeron a directivos de Los Pelambres y Pachón debido a que se “reparó el perjuicio”.

Fue un operativo nunca visto en el mundo: una empresa minera tuvo que sacar los 40 millones de toneladas de rocas, residuos y escombros que habían depositado ilegalmente en la cordillera calingastina y trasladarlas hacia Chile. Para tomar dimensión de la cantidad, era prácticamente una montaña. El retiro se produjo por una orden de la Justicia Federal y concluyó en agosto del año pasado y, desde esa fecha, hubo monitoreos oficiales del agua de las lagunas de la zona que revelaron que no hubo daño ambiental. De esa forma, el juez Leopoldo Rago Gallo cerró la causa al sobreseer a directivos de la compañía Los Pelambres y exejecutivos de la firma Pachón, los que fueron investigados, por su presunta acción u omisión, en la construcción de la llamada Escombrera Cerro Amarillo.

Los implicados fueron Robert Andrew Mayne Nicholls Secul, Francisco Javier Veloso Barraza, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Mauricio Cerda Mery, de Los Pelambres; y Xavier Luis Ochoa, Luis Enrique Lucero, Robert Frank Drabik y Julián Patricio Rooney, de El Pachón.

Las máquinas trabajaron en la extracción de rocas, escombros y residuos de la escombrera Cerro Amarillo.

Todos fueron desligados debido a que, de acuerdo al inciso 6 del artículo 59 del Código Penal, se extinguió la acción penal debido a la reparación integral del daño o perjuicio al retirarse la escombrera y no dejar ningún efecto contaminante. El magistrado llegó a esa resolución tras el OK del fiscal General Francisco Maldonado y de Fiscalía de Estado. La pata judicial federal, el organismo que cuida el patrimonio de la provincia y la decisión política de entonces fueron los artífices para que la minera chilena Los Pelambres sacara la montaña de escombros.

De acuerdo al expediente, la construcción de la escombrera comenzó a gestarse en 2007, cuando Los Pelambres fue arrojando, sin ninguna autorización argentina, rocas, escombros y residuos de su mina en Chile hacia suelo calingastino, hasta que culminó en 2012. Así armó una montaña de 40 millones de toneladas, la que fue depositada en la zona que tenía concesionada la firma Glencore para tratar de explotar el proyecto de cobre El Pachón.

Fue así que Glencore demandó a Los Pelambres en 2014, tras una presentación en el Juzgado Federal N°1. En ese entonces, la gestión giojista apuntó a que se trataba de un conflicto entre privados y se hablaba de aislar la escombrera con una membrana geotérmica, entre otras medidas. Luego, en 2015, la empresa que tiene la concesión del proyecto El Pachón radicó una denuncia en el Juzgado Federal N°2 contra la minera chilena por contaminación y usurpación de suelo y agua.

En el gobierno uñaquista se firmó un convenio para que Los Pelambres realizara tareas de mitigación, además del retiro de 529 neumáticos de los camiones de gran porte, lo que efectivamente se hizo. Sin embargo, la compañía chilena no tenía intenciones de encarar el retiro de los millones de toneladas de escombros, por lo que la administración de ese momento rompió el acuerdo.

A todo eso, Rago Gallo había encargado un informe ambiental, el cual arrojó que la escombrera podía contaminar lagunas cordilleranas, era un foco de generación de drenaje ácido y metales pesados y que estos últimos podrían afectar suelos y napas. El peligro, además, radicaba en que las aguas que bajaban de la montaña de escombros confluían en el río Carnicería, uno de los afluentes del río San Juan.

Todo eso desató que Fiscalía de Estado, conducida en ese entonces por Jorge Alvo, solicitara hacerse parte querellante en la causa penal y pidiera la remoción de la escombrera. El expediente avanzó y el fiscal Maldonado le planteó al magistrado que ordenara la extracción de la montaña de residuos para que cesen los delitos de contaminación y usurpación de suelo y agua y para preservar el ambiente.

Ya estaban en la mira quienes fueron directivos de Los Pelambres (Mayne Nicholls Secul, Veloso Barraza, Cruz Zabala y Cerda Mery), pero el representante del Ministerio Público pidió la ampliación de la investigación contra exejecutivos de Pachón: Ochoa, Lucero, Drabik y Rooney.

Rago Gallo indagó a las autoridades de Los Pelambres como los presuntos responsables de la construcción del foco contaminante, mientras que a los directivos de Pachón los interrogó por su supuesta omisión ante el depósito por años de los escombros, cuando tenían, como dueños de la concesión de la zona, un deber de vigilancia y de garantizar el medio ambiente, incluso, frente al accionar de terceros.

El juez ordenó el retiro y, con el avance de la causa penal, desde Los Pelambres presentaron en diciembre de 2017 un plan de extracción de la escombrera, el cual tuvo un plazo de seis años y medio como máximo, el cual fue avalado por Rago Gallo, luego de que fuese revisado por las autoridades mineras locales. El traslado de una escombrera de un lugar a otro se dio por primera vez en la actividad minera.

Movilidades. En su plan de trabajo, la minera chilena Los Pelambres dispuso de una serie de vehículos y maquinarias para el retiro de escombros.

El retiro de la escombrera Cerro Amarillo finalizó el 15 de agosto del año pasado y, el 29 de septiembre, se presentó la defensa de los imputados por Los Pelambres e informaron de la situación, además de que acompañó resultados de las mediciones de calidad de agua para el período de remoción (enero 2018 – agosto 2023), en los que no se observaron “modificaciones negativas en la calidad de las aguas como consecuencia del depósito y posterior retiro del material de la escombrera”.

Los monitoreos y controles locales fueron encarados por el Ministerio de Minería de la provincia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Gendarmería Nacional Argentina.

 

Rago Gallo le pidió su postura a Maldonado, quien reflejó los aspectos centrales del informe del Ministerio de Minería, el cual indicó que “tanto la remoción de los residuos mineros masivos como las medidas de recomposición topográfica de los cuerpos lagunares adyacentes fueron completadas en su totalidad” y que “los resultados de los monitoreos de calidad de agua superficial indican que los valores de pH (acidez) de los cuerpos lagunares próximos a la Escombrera Cerro Amarillo, desde enero de 2018 hasta agosto de 2023, se encuentran estabilizados”.

Así, el magistrado señaló en su resolución que “surge, con claridad meridiana, que la situación se ha restituido a un momento anterior al origen de la formación de la escombrera, sin que se hayan acreditado que perduren efectos contaminantes”. De esa manera, le hizo lugar al planteo de los imputados, declaró la extinción de la acción penal por la reparación integral del daño, los sobreseyó y cerró una causa emblemática.

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