Caso Alperovich: sobreactuar las políticas de género es tan malo como abandonarlas


“Cuando las víctimas sienten que les creen y que hay una reacción, se sienten contenidas, reparadas. No conozco a nadie que se haya arrepentido de ser valiente”, sentenció Sandro Abrales, fiscal de la causa que condenó a 16 años de prisión al exgobernador de Tucumán y senador nacional, José Alperovich, por el delito de abuso sexual. Abrales concluyó: “El tránsito es más personal, hay gente que no lo tolera, gente que sí. Eso es muy personal, pero es importante hacer la denuncia y pedir justicia. No recomendaría hacer la denuncia en una sede policial y trataría de ir a las instancias en donde comienzan las discusiones”.

Sin dudas el fiscal conoce lo escabroso y traumático que resulta realizar una denuncia de abuso sexual para la víctima que debe reconstruir en su relato todos los detalles ultrajantes que la llevaron a ese lugar, que muchas veces no solo conllevan consecuencias psíquicas, sino también físicas. En el caso Alperovich, la víctima padeció el trauma en su cuerpo, mientras soportaba el silencio y su juramento para “no contar nada” bajó 10 kilos, perdió cabello y se le quebraron las uñas. Tiene razón el fiscal Abrales en destacar su valentía para soportar el tránsito mientras dura el proceso desde la misma denuncia, y mucho más en un caso así que tiene una mayor repercusión pública por tratarse el abusador de un reconocido dirigente político del partido que más poder acumuló en las últimas décadas.

El caso Alperovich no pasará inadvertido, su condena rompe ese cristal de impunidad que se aloja en el imaginario colectivo respecto de que aún hay intocables en la Argentina; el poder, sea político, económico, religioso o relacionado con las vinculaciones de los acusados, se puede romper, no es fácil, por todo lo señalado, pero algo cambió en la sociedad. La demanda social identificada con la consigna “ni una menos”, que nació hace una década, logró este cambio de paradigma. No solo cambiamos nosotros al poner a la vista lo que antes se prefería ocultar y callar, también cambió la justicia. De a poco van quedando atrás los casos que eran “dicho contra dicho”, una acusación que terminaba siendo solo eso, porque era inmediatamente desmentida por el acusado y sin testigos presenciales era una causa perdida. Ahora la justicia tiene la obligación de sumar y analizar todas las pruebas y de otorgarle un valor sustancial al testimonio de la denunciante.

Lamentablemente también la política y sus grietas se metieron de manera injusta a “contarles las costillas” a los protagonistas. Sucedió en estas últimas horas donde muchas personas señalaban en redes sociales que algunas protagonistas del llamado “colectivo verde” solo denunciaban y alzaban su voz cuando los acusados no eran kirchneristas. Hay algo de razón en eso, la identificación partidaria puede generar sesgos ideológicos que perturban la imparcialidad de la mirada o actuación, pero los críticos no parecen entender que esta causa, quizás la demanda social más exitosa en muchos años, no le pertenece a nadie, es de todos, es un empoderamiento social, un cambio de valores, una derrota de la cultura machista que formativamente estaba enquistada en nosotros, no solo en el seno de cada familia, también en las instituciones, por eso es injusto y poco provechoso quedarse con la nimiedad de señalar silencios, que no los hubo en su totalidad, con tal de desprestigiar una causa para afectar políticamente a quienes intentaron equivocadamente apoderarse de ella. Esto debería celebrarse como un triunfo de la sociedad, de las cientos de miles de mujeres que salieron a decir basta a esos comportamientos culturales que ponen a un género sobre otro en cuestión de poder. Este camino, que aún tiene muchísimo por desandar, llegó también para cambiar las instituciones, las que regulan nuestra calidad de vida y nos igualan frente a la ley y al Estado.

En un país que registra un femicidio cada 30 horas, donde faltan hasta botones de pánico para resguardar la seguridad de las mujeres amenazadas, donde realizar una denuncia en una comisaría de un pueblo del interior por violencia de género, amenazas o abusos sexuales es hacerlo casi con seguridad ante un uniformado amigo del denunciado –así como suena, es un ejemplo reiterado relatado por víctimas- y con un escenario donde el Estado reaccionó con más burocracia que soluciones concretas, es necesario que toda la política comprenda la necesidad de acompañar este cambio social sumando y no confundiendo y separando más las posiciones que, en definitiva, tienen un fin en común. En ese sentido, es absolutamente inoportuno que el senador libertario Francisco Paoltroni declare: “El masculinicidio no existe. Entonces, hablemos de homicidio, no de femicidio”, no ayuda nada declamar esa posición en estos momentos donde la mayoría de la sociedad está acompañando las demandas o, al menos, toma conciencia de que es necesario hacerlo.

Hoy existen muchas bocas de atención a los problemas de violencia de género, pero el Estado aún no logra encontrar un procedimiento común y una formación eficaz para todos aquellos que deben actuar en la cadena de prevención y cuidado a la víctima, como la atención de las denuncias, los trámites forenses, el papeleo relacionado con las medidas de protección, todo un combo que conlleva una serie de diligencias difíciles de realizar en una situación límite.

El caso Alperovich le dio nuevamente visibilidad a un problema demasiado grave y que aún necesita de cambios estructurales, de compromisos e instrumentos más ágiles para que las sanciones sirvan como ejemplos preventivos a los potenciales victimarios. Por eso hay que prestar atención, los dos extremos son malos. No suma ni repara el exceso de burocracia con un ministerio inflado, como tuvimos durante el gobierno anterior, que gastaba más de lo que solucionaba y promocionaba eventos que no se reflejaron en resultados positivos, pero tampoco es solución retirar al Estado de su responsabilidad de atender la problemática y cumplir con los acuerdos y tratados internacionales para llevar adelante programas que el país firmó años atrás y que hoy está abandonando, como la reciente disolución de organismos creados por ley para proteger a las mujeres y personas de la diversidad de la violencia de género.

No se puede soslayar que la impunidad derivada del poder esta vez fue derrotada, pero no está todo dicho, hay que asumir que aún no hay indicios significativos que garanticen que así lo será siempre.

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