La justicia deslingará a los 5 policias vinculados a robos en una seccional

Un menor los sustrajo, cayó y fue liberado sin avisarle a un juez. Sólo un oficial fue condenado. Sus compañeros podrán zafar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la seccional 34ta de Rivadavia, y otras pruebas, revelaron básicamente la siguiente secuencia: a las 22,13 del 11 de julio de 2022, un sujeto saltó la medianera Oeste, sustrajo los cascos para moto de dos policías y volvió a huir por el mismo lugar. Instantes después, los dueños de esos objetos se inquietaron por no encontrarlos, supusieron que les jugaban una broma, pero como los cascos seguían sin aparecer, el oficial subinspector Leandro Escobar, esa noche a cargo de la seccional, revisó los videos y puso al descubierto la osadía de un menor de 16 años, adicto a las drogas, un conocido de los uniformados que vive a dos cuadras de la sede policial.

Enseguida ordenó salir a buscarlo y así lo hicieron en dos móviles que salieron a las 22,33. A eso de las 23, uno de los patrulleros regresó con el menor, capturado en la puerta de su casa. El calabocero lo trasladó y el chico quedó a solas con Escobar en la oficina de sumario, donde confesó dónde estaban los cascos. Unos 40 minutos después, el menor fue entregado a uno de sus hermanos, sin que se dejara constancia de nada, cuando lo legal hubiera sido comunicar el hecho a jefes policiales, avisar a un juez de la Niñez, iniciar un sumario, concretar una revisión médica del sospechoso y otras medidas. El 9 de abril pasado, un año y nueve meses después de aquel escandaloso caso descubierto porque la madre del chico denunció presuntos apremios ilegales esa misma noche, el fiscal coordinador, Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal, César Recio (UFI de Delitos Especiales), concluyeron que el oficial Escobar debía ser condenado por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Así lo entendió también el oficial Escobar, que admitió su culpa en esos ilícitos y aceptó la condena que finalmente le impusieron en un juicio abreviado: 1 año de prisión en suspenso y 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El propio Escobar les había dicho a sus compañeros esa noche: “No pasa nada, perro”, cuando le preguntaron por qué no dejaba preso al menor. En lugar de ajustarse al procedimiento, optó por decirles que dijeran que el menor había sido arrestado por disturbios en el “barrio Cuyo”, falsa versión que también mantuvo al otro día ante su jefe, sin saber que ese superior ya conocía la denuncia y lo constató enseguida con las grabaciones de seguridad.

Desde entonces quedó pendiente la investigación sobre los otros cinco policías inicialmente imputados: la oficial ayudante Gabriela Alejandra Sosa, el cabo primero Julio César Salinas, los agentes Micaela Alejandra Agüero Godoy, María Paula Heredia Atampiz y Kevin Ariel Sánchez (cuatro de ellos son defendidos por el abogado Maximiliano Páez Delgado), calabocero aquella noche.

Pero ahora, Fiscalía concluyó que no hay pruebas suficientes ni contundentes para sostener las sospechas y mandarlos a juicio y, por eso, ya decidió que todos deben ser desligados con un sobreseimiento. Entre las pruebas que los favorecen están las cámaras de seguridad, el análisis del posicionamiento telefónico y los cruces entre los policías (principalmente con Escobar) y testimonios, entre los que se incluye la “contradictoria y confusa” declaración y los reconocimientos de persona realizados por el menor implicado.

En los próximos días, Fiscalía sostendrá ante la jueza de Garantías, Verónica Chicón, porqué pide desligar a los cinco uniformados.

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