El fiscal Luciani pidió condenar a Guillermo Moreno a cuatro años de cárcel por falsear el índice de inflación
El fiscal Diego Luciani pidió hoy condenar al exsecretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno a 4 años de prisión. El fiscal lo acusó por haber falseado el índice de inflación en 2007. Lo consideró penalmente responsable por los delitos de abuso de autoridad y de falsedad ideológica de un instrumento público y destrucción de documentos oficiales. También pidió que se le aplique una pena de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que escucharon el alegato fiscal, son Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Guillermo Costabel.
“La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC que afectó las mediciones de pobreza y estas manipulaciones han llevado a una desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales”, dijo el fiscal durante el final de su alegato. Y agregó: “Moreno llevó las riendas de la maniobra”, dijo. “Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”, agregó.
También acusó a la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) Beatriz Paglieri, para quien también pidió una pena de cuatro años y la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.
La denuncia que dio inicio a este caso fue presentada por la asociación civil sin fines de lucro “Asamblea por los Derechos Sociales” señalaba que se habría desplazado a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, porque se negó a revelarle a Moreno los datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios. Frenó el presunto objetivo de “visitar” esas firmas. Moreno la reemplazó por Paglieri.
Para las ex empleadas del Indec Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, también implicadas en esta causa, Luciani pidió dos años de prisión en suspenso.
El fiscal que investigó a Moreno en primera instancia, Carlos Stornelli, tuvo por probado que el exfuncionario abusó de su autoridad para designar a personas de su confianza en el Indec y, así, poder controlar el IPC y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperable. Sostuvo que habría hostigado a funcionarios para conocer información protegida por el secreto estadístico y, ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza. El defensor de Moreno en esta causa es Alejandro Rúa.
LA NACION
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