Cuando la ley es pareja para todos
La condena a 16 años de prisión que le impuso el juez federal Juan Ramos Padilla al exgobernador tucumano José Alperovich por hallarlo penalmente responsable de tres cargos de abuso sexual, dos en grado de tentativa, y otros seis cargos de abusos agravados, pues hubo acceso carnal, marca un hito por varios motivos. Uno de ellos es la respuesta de la Justicia –aunque lenta– a una de las tantas víctimas de abusos denigrantes por parte de personajes poderosos de la política. Otro es que no importa la condición de señor feudal que ostente el acusado: si ha cometido un delito aberrante, la pena debe ser ejemplar.
Anteayer, la defensa de Alperovich, a cargo del abogado Augusto Garrido, apeló por segunda vez el fallo de Ramos Padilla con el objetivo de que la Cámara Nacional de Casación revise el fallo y lo deje en libertad al entender que su cliente “fue estigmatizado al extremo” y que “toda la política tucumana le dio la espalda”.
No hace falta ser magistrado para darse cuenta de que, si a alguien se estigmatizó durante el último lustro, si a alguien se dañó profundamente, se humilló y hasta se intimidó para que no siguiera adelante con su denuncia, fue a la víctima de Alperovich: su sobrina segunda y exsecretaria. Además, si la dirigencia política ha dejado de lado al otrora hombre poderoso de Tucumán, resulta absurdo que se convierta en motivo ese argumento para pedir clemencia. Es de imaginar el espanto de muchos de los amigos y examigos de ese señor feudal por llegar a verse involucrados –ya sea por omisión, por encubrimiento o por haber sido partícipes de alguna manera– en tamaño delito.
Por otro lado, le caben a Alperovich las generales de la ley: apelar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque su condena no está firme, del mismo modo que pueden hacerlo todos los sometidos a juicio. Hoy está preso porque para Ramos Padilla hay sobrada prueba de su conducta criminal, de la gravísima naturaleza de los hechos que se le imputan y porque el magistrado entiende que el condenado podría fugarse. El juez dijo que el abuso se dio en el marco de una relación de intimidación, en perjuicio de su excolaboradora y pariente, pues se ejercía sobre ella una relación de dependencia, poder y autoridad. La pena vence el 17 de julio de 2040 y los fundamentos de la sentencia se conocerán el 16 de agosto próximo.
Resulta exasperante el silencio de los denominados “colectivos” en defensa de los derechos de la mujer respecto de estos casos en que se acusa al poder político. Pareciera que las abusadas por los señores feudales no existen para ellos
Ha sido claro el juez al dictarle la prisión preventiva. Fundamentó que el exgobernador cuenta con una gran fortuna y un círculo social muy amplio para eludir la acción de la Justicia y una inmensa red de contactos sociales y políticos que inexorablemente podrían facilitar su salida del país o, en su caso, su ocultamiento. La defensa de Alperovich justificó sus pedidos de liberación, además, en que no se encontraría bien de salud. Como corresponde en todos los casos, eso también será evaluado.
Si no se hubiera dispuesto la detención, habría sido más que posible que Alperovich no pisara la cárcel: el 13 de abril próximo cumplirá 70 años y a esa edad ya puede pedirle al juez que le conceda la prisión domiciliaria. Será decisión del magistrado definir si se la otorga o si lo deja tras las rejas. No es un trámite automático.
La Defensoría General de la Nación (DGN), que intervino en el proceso como querellante, a través del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, comunicó que la víctima se encuentra muy conmovida y aliviada tras haber conocido el fallo condenatorio, porque siente que, luego de cinco años desde que denunció los abusos y después de haber sufrido una campaña de deslegitimación de su palabra, pudo obtener lo que siempre ha buscado, que no es cargos ni fama, sino su sanación a través de la Justicia.
La voz de la mujer abusada por Alperovich se hizo escuchar con crudeza a través del alegato del fiscal del juicio, Sandro Abraldes, quien definió esta instancia del proceso como “un juicio sobre la impunidad del poder. Y sentenció: “Alperovich no la quería para trabajar con él. La quería para la cama. El concepto es primitivo. Manda el señor feudal. Al gran mandón no se le discute. Se hace lo que quiere. Ella estaba en un escenario de sometimiento. En una situación de cautividad. Se sentía prisionera y estaba a merced del abusador. Alperovich fue el constructor de su propio poder. Todo se hizo como él quería. Era dueño de todo”.
Esa tipología, tan dramáticamente expresada por el fiscal para describir al acusado, es harto conocida en nuestro país. Una parte no desdeñable de nuestra dirigencia política actúa como señores feudales que se creen dueños de distritos enteros, de sus tierras, sus bienes materiales y hasta de la vida de las personas a las que mantienen sometidas mediante manejos execrables, cuando no las abandonan a su suerte desviando recursos del Estado para fines privados en lugar de dedicarlos a mejorar la salud, la educación y la seguridad de la población.
La grosera falta de empatía de algunos colectivos feministas, la lentitud de muchos procesos judiciales y el terror ante eventuales represalias de parte de los abusadores provocan que numerosas mujeres no denuncien. Alperovich no fue estigmatizado, como aduce su defensa. Las verdaderas estigmatizadas son las víctimas
Un caso similar es el protagonizado por el actual intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien fue recientemente procesado por abuso sexual, acusado de haber sometido por la fuerza a “tocamientos impúdicos” a una secretaria privada, hace tres años, en la casa de la mujer. El fallo fue firmado por la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti. Espinoza también fue procesado por “desobediencia” tras haber desoído la orden judicial de no contactar a la denunciante, que relató que sufrió presiones de una expareja suya y del propio intendente para convencerla de que retirara la denuncia.
Resulta exasperante el silencio que sobre el nefasto accionar de estos anacrónicos especímenes han mantenido y mantienen muchos de los denominados “colectivos” en defensa de los derechos de la mujer. Pareciera que a las víctimas de cierto poder no se las defiende o se lo hace tímidamente o por vergüenza cuando esos grupos son señalados por su grosera falta de empatía.
Esa “sensibilidad selectiva” que practican produce que muchas de las víctimas de violencia sexual no denuncien porque saben que no serán acompañadas. En otros casos ni siquiera se lo plantean por terror a la reacción de los abusadores con poder o porque están convencidas de que no vale la pena denunciar a raíz de la lentitud de los procesos judiciales, que termina esmerilando sus fuerzas. De esa forma, en lugar de sanar las heridas y de poder dar un cierre a los hechos, estos se tornan eternos. Esa es la verdadera estigmatización.
Lo acontecido con Alperovich, preso en la cárcel de Ezeiza, y el avance que se espera que tenga la investigación en el caso Espinoza, entre tantos otros, son hitos que nos recuerdan que la ley se aplica para todos.
LA NACION
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