Sin dudas el caso contra Mario Parisí, el funcionario judicial acusado por violencia de género, es uno de los más escandalosos de los últimos tiempos en la justicia sanjuanina, no sólo por tratarse de una figura de peso dentro del Poder Judicial que está sospechada de un grave delito, sino también por los tiempos que se manejaron y que hicieron que el fantasma de la prescripción comience a adquirir -cada vez- una forma más concreta.
La única forma de evitar que no prescriban es que la causa se eleve a juicio y se fije una fecha para que se celebre dicho debate. Sin embargo, en un año y 11 meses, eso no sucedió y por ello se especula con que la causa pueda quedar en la nada. En ese marco, la verdad sobre cómo fueron los hechos nunca se sabrá.
Como lo mencionado son especulaciones, ya que seguir un caso de cerca no convierte en experto del Derecho a nadie, Tiempo de San Juan le consultó a los que sí saben y tienen interés en lo que pueda ocurrir. Se trata de la defensa y la fiscalía que, curiosamente, esta vez coinciden en la respuesta.
«Hoy te digo que no prescribe, hoy. Además son dos delitos con prescripciones distintas», remarca el abogado defensor Nasser Uzair, que -a criterio de quien escribe- deja la puerta abierta a que más adelante eso que sostiene sea diferente.
Cauteloso con lo que dice, a fin de no anticipar maniobra alguna, el profesional que comparte la defensa con Fernando Castro explica que todavía hay cuestiones que deben resolverse en las vías recursivas, por apelaciones que presentaron, y son esas las que impiden que se concrete la audiencia de control de acusación.
Por su parte, la fiscalía representada por Roberto Ginsberg también refiere al vencimiento de los plazos y, de forma contundente, niega que el próximo 24 de noviembre vaya a prescribir la causa. Según detalla, el normal desarrollo se ha visto afectado por la cantidad de presentaciones y oposiciones que hizo la defensa y, por tanto, los plazos que en un principio estaban marcados han sido modificados. «Vamos a seguir firme para llegar a juicio», advierte.
En más de una ocasión, la querella, encarnada por Reinaldo Bedini, apuntó contra los abogados defensores y los acusó de maniobrar para demorar la causa. La misma víctima también se expresó al respecto y se mostró indignada por la situación, al punto que utilizó el término de «familia judicial». Incluso, el propio Fiscal General, Eduardo Quattropani, dijo que el caso era «una vergüenza».
Fuentes judiciales informaron que una causa de violencia de género todavía más grave, como puede ser una tentativa de femicidio, dura como máximo un año y medio, con fallo firme y todo; lo que significa que previamente transitó diversas apelaciones que se consumieron en el tiempo. Un expediente similar, dijeron voceros judiciales, demora en promedio seis meses en ser elevado a juicio. Como consecuencia, el caso Parisí sería la excepción a la regla.
Pese a las circunstancias y las miradas que se posan sobre su accionar, Uzair argumenta que la defensa no hizo más que utilizar las herramientas judiciales a su alcance. Desde el inicio, la defensa técnica buscó no llegar a juicio y para ello ofreció una salida alternativa como lo es la probation (suspensión de juicio a prueba).
Propuso una suma de dinero como reparación simbólica para reparar el daño a la víctima, al igual que tareas comunitarias. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el Ministerio Público y ningún juez que intervino la dictó, ya que las partes debían estar de acuerdo para que se otorgue.
¿En qué estado está la causa ahora?
Luego de que la causa recayera una vez más en el Tribunal de Impugnación, por una apelación de la defensa, el juez Benedicto Correa entendió que la jueza de Garantías Celia Maldonado argumentó mal su rechazo de probation y por ello la apartó del caso. Fue la segunda vez que removió a un magistrado del expediente, ya que antes lo había hecho con Matías Parrón. En ese sentido, ordenó que otro juez intervenga y resuelva el quid de la cuestión.
Se prevé que dicha audiencia se fije en las próximas semanas y que cuente con la participación de la jueza María Gema Guerrero. Sin embargo, antes deberá resolverse la nueva apelación que interpusieron los defensores, que acudieron a Casación.
Correa deberá definir si da a lugar al pedido y, si lo concede, el expediente iría a la Corte de Justicia para que resuelva. También puede suceder que lo deniegue y evite la participación del máximo tribunal de Justicia. Sería este último el camino más corto.
¿Por qué apeló la defensa?
Acorde explica Uzair, el juez Correa se equivocó y resolvió lo que quiso y no lo que ellos pedían que se revisara. Argumenta que no se solicitó que se resolviera lo de la probation, sino que lo que cuestionó fue la denegatoria de la jueza Maldonado. Para ellos era nula por los fundamentos erróneos que aplicó.
La defensa dice que Maldonado se basó en la oposición de la víctima, algo que no está previsto en el Código Penal; que lo único que debe interesar es la opinión de la fiscalía. No obstante, asegura que la misma también fue mal argumentada. «No es suficiente decir que es política criminal del Ministerio Público», destaca el abogado y agrega: «El único que tiene la potestad de crear política criminal es el legislador cuando crea las leyes, no el Ministerio Público ni la Corte de Justicia, no se pueden arrogar facultades que no se tienen».
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