El enojo del oficialismo no es nuevo y ese día, ni bien terminada la sesión, el vice y presidente de la Cámara, Fabián Martín, resaltó que la movida del justicialismo «pone en riesgo la gobernabilidad». Inclusive le propio Orrego había abierto la puerta a un veto, que finalmente llegó.
Dicha norma establece un 92 por ciento de reparto entre las comunas de acuerdo a sus índices de coparticipación, un 3 por ciento para el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere), el cual también se distribuye bajo esos parámetros, pero sólo para obra pública, y un 5 por ciento para el Fondo de Emergencias Municipales (FEM), el que va destinado a problemáticas de distinta índole. En este último, su manejo, si se quiere, es de tipo discrecional ante el pedido de los intendentes y ahí también está el trasfondo político.
La iniciativa para cambiar la ley fue presentada por Marisa López, exministra de Hacienda, la que planteó que se suspenda el artículo 4 de la ley 1.811 P, el cual crea ambos fondos y establece la administración por parte del Ejecutivo. Así, sostuvo que el porcentaje de las dos partidas (8 por ciento) se sume al resto de la masa coparticipable y se distribuya entre los municipios. De acuerdo a registros de la gestión uñaquista, el FEM estaba en el orden de los 250 millones de pesos, aunque otras fuentes hablan de 350 millones.
Ahora, con la confirmación del veto, la norma vuelve a Diputados donde deberá ser tratada pero exigirá una mayoría calificada para ser aprobada.
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