Ya salió a la luz el pedido de un abogado en una causa puntual, quien solicitó la nulidad de las actuaciones de una magistrada

Cuando aún resuena la polémica por el adicional que la Corte de Justicia le otorgó a los administradores de las Oficinas Judiciales (Ofijus), el fiscal General Eduardo Quattropani puso ayer en escena un nuevo foco de conflicto. Se trata de una acordada del máximo tribunal que, según el jefe de los fiscales, le da la facultad a la Secretaría Administrativa del Poder Judicial, de la que dependen los encargados de las Ofijus, de “cambiar un juez por otro fuera de los casos previstos por la ley”, como una “gran carga de audiencias”, lo que abre la puerta a “poder digitar la asignación de jueces a las causas”. Inclusive, ya salió a la luz el pedido de un abogado en una causa puntual, quien solicitó la nulidad de las actuaciones de una magistrada que reemplazó a otra bajo la nueva disposición, con el argumento de que se violaría el principio del juez o jueza natural, que es la crítica que ha esgrimido el titular del Ministerio Público.

De hecho, Quattropani manifestó en conferencia de prensa que ya le presentó una nota al presidente de la Corte, Marcelo Lima, para que convoque al resto de los ministros a un acuerdo y se dé marcha atrás con la medida. Según trascendió, los cortistas tendrán hoy una reunión de acuerdo y se verá si tocan el tema y, si lo hace, hay alguna definición sobre si habrá o no modificaciones al régimen que se implementó.

En su presentación, el fiscal General dejó afuera al máximo tribunal al señalar que el punto de discordia “en modo alguno responde o puede responder a lo que la Corte de Justicia o su Sala de Superintendencia desean o pretenden para el Poder Judicial”. Ahora, en el escrito sí le apunta a la Secretaría Administrativa, a cargo de Javier Vera.

Al ser consultado, Quattropani resaltó que “yo no discuto con el secretario Administrativo de la Corte. Tengo la costumbre, en el Ministerio Público Fiscal, que los secretarios son secretarios. No se desbordan y no tienen atribuciones que escapan a su función. Yo hablo del excesivo desborde del aparato administrativo y las facultades que se han otorgado o de las que se hacen uso”.

Ahora, ¿cuál es el principio del juez natural? En líneas generales, se trata de aquel designado para intervenir en una causa de acuerdo a las normativas, lo que garantiza su imparcialidad y se evita la intromisión de su selección “a dedo”. Así, Quattropani indicó que, “el acuerdo de Superintendencia de la Corte, claramente sugerido por el aparato administrativo, ha inventado una causal de separación y una facultad para cambiar a un juez de una causa que confronta con las normas procesales vigentes. Por lo tanto, deja al arbitrio de la Oficina Judicial, o sea de los empleados del secretario Administrativo, cambiar o no un juez de la causa. Es un tremendo peligro para los justiciables”.

De esa manera, destacó que la selección del magistrado debe ser “por sorteo o por turno, pero jamás por el dedo de alguien bajo el pretexto de que tiene mucha carga laboral. Los reemplazos con por las causales que marca el procedimiento”.

El pedido de nulidad por un cambio de jueza bajo la nueva disposición fue encarado la semana pasada por Franco Montes, quien, además, es el presidente del Foro de Abogados. El profesional explicó que se trata del caso por una denuncia por presunto fraude a la administración pública en el predio de la Granja, en el Centro de Educación Física N°20. En esa causa, indicó que la jueza que venía interviniendo era Gema Guerrero, quien fue reemplazada por Mónica Lucero en una audiencia en la que el defensor y Fiscalía habían solicitado una prórroga para producir una prueba, una pericia contable. Sin embargo, esta última magistrada rechazó el planteo.

Luego, regresó Guerrero a la tramitación del caso y Montes pidió la nulidad de las actuaciones de Lucero, “en función de que son originadas a partir de la intervención de una jueza que no es natural del proceso”, debido a que actuó “por disposición de la Oficina Judicial, a raíz de la acordada de la Corte”.

Guerrero rechazó el planteo del abogado y, ahora, tiene que definir el tema el Tribunal de Impugnación.

Se trata de un caso, pero en la órbita de la abogacía ya hay voces que han señalado que pueden sumarse más planteos en el mismo sentido.

Ante las situaciones que se den y puedan generar, Quattropani resaltó que “vamos a mirar si es una cuestión administrativa, una cuestión penal. Ya veremos”.

En su escrito ante la Corte, el fiscal General también destacó que existe otra “irregularidad en la designación de los jueces”. En ese punto, remarcó que “quedaría en cabeza de la Secretaría Administrativa, por sí o por intermedio de la administración de la Oficina Judicial, hacer una división artificial, no autorizada y discrecional, del Colegio de Jueces en supuestas cápsulas pertenecientes a horarios matutino y vespertino. Es decir que, aunque sea parcialmente, queda en cabeza de estos sujetos, la indicación o individualización de jueces que intervendrán en las causas, lo que constituye un gravísimo peligro”.

 

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