Los abusos sucedieron cuando las niñas visitaban a su abuela, la que vivía con el sentenciado. En oportunidades en los que se encontraban solos, el tío pervertido aprovechaba la ocasión para perpetrar sus aberrantes actos. A pesar de que se habló de una quinta víctima, fuentes allegadas indicaron que no quiso denunciar y por tanto la investigación penal culminó con el dictamen de Sanz.
Fue la fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, la que recibió la denuncia e investigó el caso hasta acorralar al sospechoso con tantas pruebas en contra que terminó admitiendo los hechos y, mediante su defensa, acordando una condena que lo llevó directo al Servicio Penitenciario.
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