Un cambio administrativo detonó la guerra abierta en la Corte Suprema

Un cambio administrativo detonó la guerra abierta en la Corte Suprema

A través de la acordada 18/2024 y con el voto de tres de sus cuatro integrantes, la Corte Suprema de Justicia dispuso la creación de una Secretaría Especial Penal para “satisfacer eficientemente los crecientes planteos” en la materia y se abrió una fuerte disputa interna ante la disidencia que impuso Ricardo Lorenzetti, el único que se manifestó en contra.

El episodio refresca una sostenida tensión interna que ya existe desde hace años entre Lorenzetti y los otros tres integrantes, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal.

De acuerdo con la acordada a la que tuvo acceso PERFIL, entre los fundamentos de la creación de la secretaria se indica que “desde hace varios años se viene incrementando de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes penales que ingresan a la Secretaría Judicial N° 3 de esta Corte” y remarcan que “es deber de este Tribunal, como cabeza de uno de los Poderes del Estado, garantizar la buena administración de justicia y adoptar las medidas necesarias para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables”.

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Sin embargo, para Lorenzetti el supuesto objetivo de mejorar el funcionamiento “no logra iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”.

Lorenzetti deslizó en su descargo adjunto a la acordada que sería conveniente además tener en cuenta la opinión de las dos personas que podrían ocupar los lugares vacantes a los que fueron postulados Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, lo que fue inmediatamente desestimado por los otros. “No hay antecedentes de que se hubieran demorado medidas de organización interna por una circunstancia similar”.

Le reprochan además que “buena parte de la responsabilidad por los atrasos en la circulación de las causas se debió a que el propio ministro Lorenzetti impuso durante casi dos años cupos mensuales por secretaría”. En otras palabras, que el juez tiene buena parte de culpa en el retraso del análisis de expedientes que podrían resolverse con la creación de la secretaría para descomprimir tareas.

Lorenzetti también apuntó a la designación de “personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad exige”.

Pero allí recibió una dura ofensiva de los otros tres cortesanos, que en un documento que se dio a conocer este fin de semana, le recuerdan que en cuanto a la contratación de familiares que acusa, “el mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela”.

En su disidencia, Lorenzetti se queja de la salida de Daniel Marchi, administrador de la obra social y su mano derecha, y también dispara contra Silvio Robles, uno de los hombres cercanos a Rosatti que, según le recordó la mayoría, “la denuncia en su contra fue desestimada”.

La nueva secretaría será creada con el objetivo de descomprimir el trabajo de la Secretaría Judicial N°3 cuyo contenido se refiera a juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus, se explica allí y se habla además de “eventuales refuerzos” para afrontar la creciente cantidad de causas en las distintas materias.

“Esos atrasos no se pueden imputar a los secretarios, ni tampoco se solucionan con la designación de nuevos funcionarios. La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios, se producen estas crisis”, retrucó Lorenzetti.

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