El Gobierno hace un trabajo complejo y efectivo en el campo social, desde sostener las transferencias básicas para la vida hasta ordenar un sistema destruido por la politiquería y la corrupción, en un marco de escasez financiera. Queda el desafío de la transformación estructural de la política social con una mirada integral.
Eso implica que, con la misma energía con la que están cambiando las reglas de funcionamiento de la economía, se actuará en el campo social, construyendo un nuevo paradigma que sostenga un cambio profundo, conceptual y operativo. Venimos de un tiempo en que el desarrollo de las capacidades de las personas –aun las más elementales– no era un objetivo. Baste ver la acción sobre la educación y el acceso al trabajo, que dejaron a millones de personas sin ingresos estables, pero sobre todo sin herramientas para elegir un camino seguro de construcción de la vida, congelando la pobreza.
El premio Nobel Amartya Sen nos recuerda la importancia esencial de considerar a los seres humanos como agentes de cambio, con la aptitud de dar forma a sus vidas, buscar sus preferencias y elecciones; aprender y por lo tanto ser más libres. El populismo ha prostituido todas estas dimensiones, tomando la pobreza solo como una herramienta de su trabajo partidario. Por eso, el nuevo tiempo debe partir de una concepción profundamente diferente de los modos de construir la vida y el lugar del Estado y la política; un cambio de época de enorme complejidad.
El primer objetivo –ético y operativo– debe ser la despolitización definitiva de las decisiones y asignaciones sociales en múltiples espacios; introduciendo criterios de calidad y una mirada sistémica de las acciones, lo que requiere un replanteo integral del funcionamiento del Estado, en el que además de priorizar la eficiencia se potencien los derechos básicos de las personas por sobre las pretensiones corporativas que los han relegado por décadas. Eso se implementará combinando la necesidad de proteger los niveles básicos de vida de las personas más pobres, al tiempo que se potencian otras dimensiones que impactan en el largo plazo sobre la generación y el sostenimiento de sus capacidades, para que puedan recuperar el tiempo perdido e integrarse plenamente a una economía en crecimiento.
La cifra de pobreza por ingresos es la que más impresiona de todas las estadísticas sociales. Pero detrás de ella hay mucha información que muestra el dramático impacto de tantos años de atraso e insensibilidad del populismo. No se trata de una foto, sino de una película cuyo resultado es un proceso que llamamos cronificación, por el que la acumulación de carencias afecta las posibilidades y aun los deseos de las personas y comunidades para salir adelante, y las deja atrapadas en la última red de protección social, sin posibilidades de construir un proyecto de vida digno. O, como dicen varios autores, la acumulación de vulnerabilidades termina en exclusión, un estado de necesidad intensa y multifactorial.
Esas personas perdieron educación, desde la alfabetización hasta las aptitudes para el trabajo; acceso a una vivienda digna; capacidad y vocación de ahorrar; construcción de su espacio familiar y comunitario, todo lo que ha consolidado una de las peores situaciones: la ausencia de futuro, que se convierte en una carrera contra el tiempo, difícil de recuperar. La vulnerabilidad implica también cada vez menor capacidad para afrontar eventuales ciclos económicos, tema que en la Argentina es especialmente crítico. Las personas vulnerables entran y salen de la pobreza por ingresos según los ciclos, y en cada episodio se acercan más a la exclusión.
Este análisis desde la perspectiva de la relación vulnerabilidad-cronificación-exclusión exige asumir una mayor complejidad en las propuestas de solución para el drama, introduciendo una mirada de largo plazo. No hay duda de que cuando la economía se recupere plenamente, se consolide la baja de la inflación y crezca el empleo, empezará a aliviarse la situación del principal componente de la pobreza: el ingreso corriente. Pero para un alto porcentaje de la población permanecerán las demás carencias que le impiden construir una vida digna, afectando también a la equidad: si la economía crece mucho, pero las capacidades de los más pobres no se recuperan, el “derrame” no alcanzará para lograr una rápida integración masiva de quienes han sufrido ese tiempo perdido.
El crecimiento es condición necesaria para la inclusión laboral, pero no es suficiente: como dice Levy Yeyati, la elasticidad del empleo formal en relación con el producto es cada vez menor, independientemente del costo laboral, lo que amenaza con consolidar un núcleo de exclusión del que será cada vez más difícil salir. Esta exclusión afecta a las personas individuales y al conjunto social, al convertirse –como se evidencia en muchos sectores productivos– en una restricción para sostener niveles aceptables de crecimiento del producto.
Por eso es tan importante desplegar, simultánea y coordinadamente, acciones masivas sobre un conjunto de áreas que determinan la posibilidad de más personas a incorporarse a la dinámica económica. Es un campo en el que resulta esencial una mirada integral que contemple todas las variables que influyen para resolver un tema tan complejo, y en el que el Gobierno puede promover experiencias y energías territoriales para armar un gran programa nacional, que requerirá además apoyo político para consolidar las reformas legislativas. Todos estos argumentos demuestran la importancia, en términos de equidad, de reformar integralmente la legislación laboral, que hoy es expresión de una mirada oligárquica sobre el mercado de trabajo, disfrazada de progresismo, que protege a los propios y excluye más aún a los excluidos.
Claro que es crítica la dimensión educativa, desde la alfabetización elemental hasta la formación profesional de los jóvenes pobres; lo que no es imposible, porque está probado que, hasta los 25 años, poseen la flexibilidad mental que les permite incorporar conocimientos útiles para la vida laboral. La viabilidad de tener éxito en este campo lo muestra la experiencia de Mendoza, que combinó decisión política con tecnologías para avanzar en uno de los programas educativos con mayor impacto individual y comunitario. Pero reformar plenamente la educación argentina implica un inevitable conflicto político, que debe asumirse como una muestra de un tiempo nuevo, porque requiere derrotar a lo peor de la prevalencia corporativa sobre los derechos más elementales de las personas; en especial las más vulnerables. Lanzar esta epopeya es apasionante, porque –como en otras áreas de la acción política de este tiempo– mostrará quiénes están a favor de los excluidos y quiénes solo defienden privilegios bajo un discurso “progresista”. La sociedad civil se pronunció y quiere ser parte de este proceso renovador; y hay que aprovechar esa energía para encarar una verdadera carrera contra el tiempo.
Hay muchas otras cuestiones de la construcción de la vida que concurren a esta decisión sistémica. La agenda de las 7 dimensiones de derechos humanos de la infancia que elabora anualmente el ODSA-UCA muestra los temas que deben ser objeto de programas integrales y –como los anteriores– ser objeto de acuerdos sustanciales que sostengan y hagan operativos los principios éticos con perspectiva de largo plazo. Pero no es simple. Hasta ahora, el Estado central financiaba buena parte de las actividades sociales en todo el país; pero ya no es posible y hay que encontrar un nuevo modelo descentralizado, que asegure los mismos derechos a todos los ciudadanos. El desafío es construir acuerdos sólidos sobre la concreción de los derechos sociales de la infancia y la adolescencia, como se hizo en tantos países, Chile y Brasil entre otros, donde la incorporación de criterios de calidad con sentido estratégico produjo impactos notables, en especial porque fueron sostenidos por todo el sistema político durante décadas, y con el Estado nacional ayudando con normas, objetivos, capacitación y seguimiento para consolidar las acciones en todo el territorio.
Hay un importante capital social para colaborar en el desarrollo de capacidades básicas de las personas. Iglesias y organizaciones de la sociedad civil que, desplegadas en todo el territorio, pueden contribuir a realizar el nuevo paradigma en temas críticos, como las adicciones, cuidado, apoyo escolar, salud materno-infantil, etc. Y las organizaciones de base que estuvieron asociadas por necesidad al modelo populista pueden recuperarse para un nuevo modelo, con capacitación y control de acciones e impacto.
Con esta perspectiva transformadora, la propuesta de un pacto económico que ha lanzado el Presidente debería inspirar un acuerdo similar para el campo social, en el que, con la participación de actores políticos y comunitarios, se acordasen valores, metas y prácticas, logrando con todo el apoyo político y social cambiar de raíz el paradigma populista y permitir a millones de personas construir el futuro que se les ha negado.
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