El nerviosismo de los mercados y el presagio de que la población no tolerará más el ajuste en curso reflejan la peculiar forma del ser argentino. El Gobierno debe avanzar, como si tuviera un camino despejado, por el estrecho sendero marcado por históricos consensos nacionales, sostenidos por muchos dirigentes, legisladores, gobernadores, sindicatos, consejos profesionales y cámaras empresarias.
La reactivación se demora por la prolongación del cepo cambiario que impide la formación de reservas, pero el entramado de restricciones que posterga su liberación ha sido tejido minuciosamente por los mismos argentinos que hoy se quejan, ansiosos por mejorar ya mismo su nivel de vida. La “pesada herencia” no proviene solo del kirchnerismo, sino de décadas de un populismo que moldeó convicciones, torció ideas, impuso relatos, malversó derechos, forzó leyes, consumó hechos, toleró ilícitos y distorsionó valores, rechazando todo programa que implicase equilibrio fiscal, moneda sana y mayor competitividad. Ese contexto daña, por la desconfianza que provoca, cualquier política económica que se adoptase en esta coyuntura, sin importar sus méritos técnicos. La pesada herencia es el peso de nuestra propia historia.
El poder sindical, los lobbies sectoriales, los privilegios adquiridos, las situaciones irreversibles, las guaridas estatales, los amparos judiciales y los “aportes de campaña”, entre otros, son obstáculos capaces de frenar cualquier reforma. Por otra parte, el régimen federal blinda a las provincias frente a ajustes dispuestos a nivel nacional. El gradualismo implica rendirse ante esa realidad, mientras que el “shock” drástico provoca, en su tránsito, efectos negativos ineludibles. Al frenarse la demanda inflacionaria, las empresas reducen su producción por exceso de inventarios, detienen plantas, suspenden personal y afectan a sus proveedores. Resaltar esos eventos como si hubieran sido evitables desluce el reciente informe de la Fundación Pensar.
El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa dejó al Banco Central con reservas negativas y un stock de demanda de divisas que no se puede satisfacer de inmediato. Revertir ese desequilibrio requiere mayor ingreso de dólares, que el propio cepo dificulta. Una situación perversa, en un ensayo de estabilización sin precedentes. Las reformas estructurales de la demorada Ley Bases, los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y los ingresos del paquete fiscal podrán revertir esa encerrona si recrean confianza. Se trata, sin embargo, de reformas limitadas por las presiones sectoriales ejercidas sobre las cámaras del Congreso de la Nación.
El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa dejó al Banco Central con reservas negativas y un stock de demanda de divisas que no se puede satisfacer de inmediato
Como se sabe, el peronismo federal preservó las cajas sindicales, evitando la eliminación de las “cuotas solidarias” además de reducir la modernización laboral de los 58 artículos originales a solo 16. Por otro lado, la Justicia del Trabajo suspendió el capítulo V del DNU 70/2023, basándose en las facultades cuasi legislativas que la reforma constitucional de 1994 otorgó a los jueces en materia de amparos. Como espada de Damocles, queda aún por resolverse el aumento jubilatorio impulsado por la oposición, que tendría un costo fiscal del 0,4% del PBI.
En cuanto a las provincias, con sus 1196 legisladores y aún más asesores, sobresueldos y gastos reservados, no están dispuestas a encarar cambios, ni a reducir sus distorsivos ingresos brutos, ni sus tasas municipales abusivas. Defienden sus plantas de personal plagadas de ñoquis, familiares y militantes que crecieron en un millón de puestos entre los años 2003 y 2015. Esa expansión se debió al régimen de coparticipación que desalinea sus incentivos, pero que tampoco quieren tocar.
El exministro de Economía Martín Guzmán acusó de hipocresía a Javier Milei por haber prometido ajustar a la “casta” y, en cambio, haber licuado las jubilaciones. Pero sabe bien que, una vez en el poder, los candidatos deben adecuar sus dichos a lo que es factible. Arturo Frondizi fue “hipócrita” pero logró fuertes inversiones durante su breve gestión; en cambio, Arturo Illia fue sincero y anuló los contratos petroleros como lo había prometido, dañando la confianza durante años. Guzmán ideó o consintió las distorsiones que ahora deben corregirse: una deuda mal reestructurada, tarifas públicas atrasadas, subsidios sociales sin control y la incorporación de millones de jubilados sin aportes, entre otros.
Se cuestiona la falta de reactivación como si fuese una cuestión técnica, fácilmente solucionable por economistas competentes, con ideas creativas y sensibles a la situación social. Pero los condicionantes políticos de la realidad argentina implican otros desafíos, bien distintos a los escenarios teóricos de los textos de economía. Prueba de ello es que, mirando hacia atrás, ningún programa que pretendió enderezar las vigas torcidas del edificio nacional tuvo éxito. Luego de profundas crisis, siempre prevalecieron el estatismo, el dispendio, la inflación y el ajuste devaluatorio.
El camino de la reactivación es lento y arduo, pues es muy difícil generar confianza cuando somos el país más incumplidor del planeta, a pesar de nuestras enormes riquezas naturales
Los diez gobernadores que dieron su apoyo a la Ley Bases mostraron ansiedad al señalar que “millones de argentinos necesitan que estos cambios empiecen a notarse en su día a día y su bienestar económico”. Pero el camino de la reactivación, tan limitado por esos condicionantes, es lento y arduo, pues es muy difícil generar confianza cuando somos el país más incumplidor del planeta, a pesar de nuestras enormes riquezas naturales. La experiencia internacional no debe olvidarse.
El caso de Grecia es ilustrativo. Yanis Varoufakis, exministro de Economía admirado por Cristina Kirchner por rechazar al FMI y sus recetas de ajuste, no pudo evitar que, con un déficit fiscal del 13% del PBI, el gobierno socialista de George Papandreu aceptase su rescate aplicando aumentos de impuestos y reducciones de gastos que, según Varoufakis, profundizarían la recesión y la desocupación. Después de siete años de dura continencia (2011-2018) y de soportar varias huelgas generales, Grecia resurgió convirtiéndose en un “tigre del crecimiento europeo”.
Como Grecia, también Portugal sufrió la crisis financiera de 2007 y estuvo a punto de romper con el euro. Como Grecia, en 2011 recurrió al rescate del FMI y de la UE, aplicó reformas estructurales y recortes de gasto público, enfrentando paros y reclamos durante cuatro años. Como prenda de ese esfuerzo, hasta renunció a la “acción de oro” en Portugal Telecom, preciada “joya de la corona” estatista. Ello le permitió alcanzar el grado de inversión, la recuperación del empleo y una reactivación sorprendente gracias a su disciplina fiscal y por mantenerse en la eurozona.
En nuestro país, luego de una inflación del 200% impulsada por un gigantesco déficit del PBI, desmadrado por el desequilibrio del sistema jubilatorio, los subsidios económicos y sociales, los quebrantos de las empresas públicas y las transferencias a provincias, el reacomodamiento es ineludible, aunque “a costa de una recesión angustiante” como la califica con intencionalidad la Fundación Pensar.
Hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos, fuera del sistema, que esperan una oportunidad para “poner fichas” en su propio país
La herencia argentina impide reconstruir la confianza sin exhibir, primero, cambios palpables que reduzcan el riesgo país. Como es una experiencia sin precedentes, no tiene el éxito asegurado. Si fracasase, consagraría el triunfo del pasado sobre el presente y no por impericia técnica, ni por el estilo conflictivo del propio Milei, sino por la imposibilidad de poner en caja los intereses que dominan al Estado en su provecho.
Sin embargo, hay razones para ser optimistas a pesar de nuestra historia. Se vislumbra un cambio de paradigma para sustentar esa esperanza. Son muchas las oportunidades que se abren a la Argentina en alimentos, energía, minería y servicios digitales en un mundo en conflicto que relocaliza sus industrias y tiene dificultades en las cadenas de suministros. Hay, además, 300.000 millones de dólares de argentinos, fuera del sistema, que esperan una oportunidad para “poner fichas” en su propio país.
La demanda de institucionalidad para aprovechar esas riquezas, impulsada desde las urnas por una nueva mayoría que quiere progresar dejando atrás aquella historia, forzará –esperemos– las transformaciones indispensables para impulsar un crecimiento ahora impensable. Y dejar atrás el problema del cepo cambiario, como un mal sueño. Entretanto, habrá que tener paciencia y abandonar el alarmismo para que los cambios vayan mostrando sus resultados sin que las críticas prematuras funcionen como profecías autocumplidas.
LA NACION
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