Un fallo controvertido para la corrupción kirchnerista


El paisaje depende siempre del lugar desde donde se lo mire. La reciente resolución, polémica y controversial, de una sala de la Cámara de Casación Penal sobre la conocida causa de los cuadernos, la investigación periodística más importante que se ha hecho sobre la corrupción política, contribuyó a ratificar el excepcional trabajo del periodista Diego Cabot publicado en LA NACION y las posteriores pesquisas del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio, ya fallecido. Si bien esa sala de Casación sacó el caso del empresario Ángelo Calcaterra –dueño entonces de una empresa de construcción– de la Justicia Penal y lo envió a la Justicia Electoral, que tiene leyes más benignas, el fallo conlleva otra connotación. Confirma ampliamente el trabajo de Cabot: hubo un vasto sistema de corrupción vinculado con la obra pública; ratifica que también hubo presión del gobierno kirchnerista sobre los empresarios cuyos negocios estaban vinculados al Estado, y corrobora que los empresarios aceptaron un modo deshonesto de relacionarse con los funcionarios públicos. Esa fue la conclusión central de la investigación del periodista Cabot y de las indagaciones judiciales de Bonadio y Stornelli, los primeros magistrados que en la Justicia hurgaron en esa escandalosa denuncia. Nunca otros empresarios, que pagaron sobornos de manera constante y sistemática, podrían acogerse al precedente de Calcaterra; este dijo desde el principio que lo habían obligado a entregar dinero en los meses y semanas previos a las elecciones de 2013 y 2015. Desde que llegó casi llorando al despacho de Stornelli para ofrecerse como colaborador arrepentido, antes incluso, según consignaron los jueces de Casación, de que Calcaterra fuera citado o nombrado públicamente. Esa es la opinión que se escuchó cerca de los magistrados Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que integraron la sala de Casación que dictó la cuestionada resolución: “No podrá tomarse esta resolución como un antecedente para todos los empresarios procesados en la causa de los cuadernos”, dijeron al lado de ellos.

Es hora de que los jueces hagan el juicio oral y dicten sentencia: para eso están y para eso cobran

Sucede que para esos jueces tuvo valor judicial que el testimonio de Calcaterra coincidiera con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien manejaba el auto oficial de Roberto Baratta, el hombre fuerte del poderoso entonces ministro Julio De Vido. En sus anotaciones, Centeno consignó los días, los meses y los años en que llevó a su jefe (o a empleados de este) a recoger 16 entregas de dinero de parte de Calcaterra. No las entregó Calcaterra, sino un empleado suyo. Todas las fechas corresponden a las vísperas de las elecciones de los años 2013 y 2015, ambas perdidas por Cristina Kirchner. También coincide con las declaraciones del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien reconoció ante el juez Bonadio que recibió dinero de empresarios (Calcaterra entre ellos) para las campañas electorales de esos años, y culpó a Baratta de la maniobra delictiva. Estos son los elementos que sirvieron de argumento a los tres jueces de Casación para sacar a Calcaterra del juicio oral y llevarlo a la Justicia Electoral. Las coincidencias existen, pero ¿por qué esos magistrados están seguros de que el dinero fue solo para fines electorales si nunca hubo un recibo de esos aportes, que se hicieron a escondidas en un sombrío garaje? Extrañamente, la jueza electoral María Servini había pedido el caso Calcaterra con el consentimiento, más extraño aún, del fiscal Ramiro González, quien fue denunciado por esa posición ante el procurador general, Eduardo Casal, por la también fiscal Fabiana León (una de “las mejores fiscales de todo el país”, según uno de sus colegas). Los jueces de Casación aclararon que el caso Calcaterra podría volver a la Justicia Penal si aparecieran nuevas pruebas.

La fiscal general León es la encargada de la acusación en el tribunal oral que debe juzgar el caso de los cuadernos. Es también extraño que la Cámara de Casación haya resuelto sobre un caso que está en un tribunal oral, porque debería ser este el que decidiera sobre la suerte de los imputados. Calcaterra estaba bajo la jurisdicción del tribunal oral, no de la Cámara de Casación. Como escribió previamente la fiscal León, la Corte Suprema era el tribunal superior que, en última instancia, debía decidir sobre la jurisdicción que juzgaría a Calcaterra. El caso podría terminar todavía en la Corte Suprema. “No se trata de la suspensión de una causa electoral, sino de la suspensión de una causa criminal que se encuentra en las puertas de un juicio oral”, señaló, dramática, León. Esa reflexión de la fiscal nos lleva a la conclusión de que es inadmisible, desde cualquier punto de vista, que los jueces del tribunal oral (que venían con buen prestigio) no hayan hecho nada durante cinco años. La causa de los cuadernos fue elevada a juicio oral en el año 2019. Los jueces de ese tribunal que caminan con paso insoportablemente lento son Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. La fiscal León ya los denunció por retardo de justicia. Si el juicio oral estuviera en pleno desarrollo, ningún otro tribunal podría resolver sobre las personas imputadas en ese debate judicial. Y si los empresarios fueran inocentes, ya habrían hecho una denuncia por dejación de justicia. Al contrario. Muchos abogados defensores de ellos juegan, en cambio, para que el caso se extinga con el paso del tiempo, sin que nunca se resuelva nada.

Es necesario subrayar que, en efecto, la resolución que benefició a Calcaterra no podría tomarse como precedente para los casos de los otros empresarios. Si se la tomara así, llegaríamos al intolerable absurdo de que el periodista Diego Cabot y LA NACION serían los únicos culpables por haber investigado y revelado la más precisa biografía de la corrupción kirchnerista. Los empresarios que pagaron sobornos de manera “constante y sistemática” no podrán pretextar que hicieron aportes electorales. Elecciones hay solo cada dos años. El entonces presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, declaró como arrepentido que el modus operandi de las empresas de obras públicas era así: se reunían para establecer cuál de ellas sería beneficiada con la adjudicación de una obra pública en las licitaciones del Ministerio de Planificación (Julio De Vido) y que la seleccionada debía pagar entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la obra. Si alguna empresa, contó Wagner, no cumplía con ese compromiso, era el propio Wagner quien se hacía cargo de los pagos. ¿Puede considerarse ese método permanente como contribuciones electorales? ¿Alguien en su sano juicio podría creer en semejante mentira? Otra vez: en el fondo de todo están la morosidad y la indiferencia del tribunal oral que debe juzgar el caso de los cuadernos.

Ese mismo día, otra sala de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, le reclamó al mismo tribunal oral de los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli que comience cuanto antes con el juicio de una causa conexa a la de los cuadernos. Se refiere al enriquecimiento ilícito del exministro De Vido y a la increíble situación de su cocinera, Nélida Caballero, acusada de lavado de dinero. La Justicia estableció que la cocinera de De Vido tenía depósitos millonarios de dinero, que había comprado un campo en Formosa y que tenía a su nombre cuatro autos de alta gama, entre otras cosas. O se trata de un caso único de justicia social y de distribución de riqueza o Nélida Caballero es simplemente una testaferro de De Vido. Los jueces Borinsky y Hornos aceptaron el planteo de la fiscal León, quien reclamó que existe “retardo de justicia” en el juzgamiento de este caso, que salió a luz en el marco de las investigaciones sobre la causa de los cuadernos. Los jueces del tribunal oral argumentaron que se encuentran revisando las pruebas y requiriendo las que solicitan los acusados y que por eso están demorados. Borinsky y Hornos, que dijeron expresamente estar de acuerdo con la fiscal León, les contestaron a los jueces del tribunal oral que “esos argumentos no alcanzan” para justificar la dilación después de tres años y medio desde que se inició la investigación. El tiempo podría ser mayor si se cuenta desde el momento en que llegó a ese tribunal “el universo de causas conexas” del caso de los cuadernos, escribieron los jueces.

Universo de causas conexas; es decir, de causas vinculadas con el escándalo de corrupción que provocaron los cuadernos de Centeno. La confesión de Calcaterra sobre la extorsión de los funcionarios y el pago de dinero de parte de ese empresario de obras públicas, más allá de la cuestionable jurisdicción que le atribuyó una sala de Casación. Esas son las consecuencias concretas de la importancia histórica que tuvo una investigación periodística. Un chofer escribió con obsesiva precisión cómo fueron la corrupción y las complicidades kirchneristas. Un periodista corroboró que ese relato no solo era verosímil, sino también verídico. Un diario publicó el trabajo del periodista. La Justicia terminó, por caminos acertados o enrevesados, confirmando todo. Es hora de que los jueces hagan el juicio oral y dicten las sentencias. Para eso están y para eso cobran.

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